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miércoles, 18 de febrero de 2015

Las amenazas sobre Grecia y algunas reflexiones sobre Europa

Wolfgang Schäuble, ministro de finanzas alemán, afirmó el lunes a una radio de su país:
«Siento mucho que los griegos hayan elegido a un gobierno "que se comporta de manera bastante irresponsable"».

Éstas palabras encierran una amenaza, ni siquiera matizada, que pende sobre el futuro inmediato de Grecia.

¿Es así como Alemania entiende el exigible respeto al ejercicio democrático del voto en los estados miembros de la UE?

¿Va a seguir pretendiendo dirigir los procesos electorales de los países del sur de Europa?

¿Es esta la Alemania que lidera la UE con la colaboración de una parte de los estados miembros?

Recuerdo la frase que afirma «No hay que alemanizar Europa, sino europeizar Alemania». ¡Cuánto de verdad encierra!

O el conjunto de los estados miembros de la UE asumen la diversidad de Europa, o la UE no pasará de ser un mercado común a ser una entidad política con peso propio en el contexto mundial.


Sabemos que Merkel trató de evitar que los griegos terminaran por votar mayoritariamente a Syriza; incluso promovió que Rajoy fuera al país heleno para apoyar a Samaras, líder de Nueva Democracia y primer ministro saliente. Uno de los responsables de la situación política y económica actual de Grecia, pero sumiso a los mandatos de la "troika", es decir de la política que Merkel quiere imponer en la Eurozona; no solo en lo económico-social sino en lo ideológico.

Un intento de intervención en la política interna de Grecia no basado en afinidades ideológicas, sino en intereses económicos.

Frustrado el intento, ante el deseo, libre y claramente expresado en las urnas por los ciudadanos griegos, ahora de lo que se trata es de ahogar la soberanía nacional griega, mediante la imposición de un ultimátum -que comenzó con una amenaza del BCE- a las nuevas autoridades para que acepten un nuevo rescate financiero, que supondría un aumento de su deuda soberana y la continuación de las imposiciones dictadas desde la Comisión Europea, el BCE y el FMI. Todo ello bajo la batuta del gobierno alemán.

Repasando la Historia, esta actitud de Alemania, y del Eurogrupo,   recuerda la llamada "política de las cañoneras" que ejercieron las grandes potencias a finales del siglo XIX y hasta la primera guerra mundial, pero en versión económica.

Hoy por hoy, las autoridades griegas se niegan a aceptar el ultimátum, ya que de hacerlo, quebrantarían su programa electoral y, por tanto, los deseos de sus votantes y la confianza que depositaron en Syriza.

Es cierto que la pertenencia a la UE supone una cesión, cada vez mayor, de la soberanía de los estados, pero no hasta el punto de llegar a la intromisión en sus procesos electorales internos.

Si como resultado de uno de esos procesos, el nuevo gobierno, legítimamente elegido, replantea una cuestión, como en este caso, económica, debe ser escuchado y tratar de lograr acuerdos, no lanzarle un ultimátum, que lo que realmente significa es un intento de reconducir, a favor de parte, la voluntad democráticamente expresada por un pueblo.

En este pulso, están en juego muchas cosas, entre ellas y la más importante, quebrantar el deseo de un pueblo soberano -me refiero al griego-, que ha sido muy duramente dañado por la persistencia de una política de austeridad que se ha demostrado, hasta la náusea, incapaz de mejorar la situación económica de los países en los que se ha aplicado. Que solo ha servido para aumentar la desigualdad social y arrojar a la pobreza a los más necesitados, así como a amplias capas de la clase media.

Otra de las cosas que están en juego, y muy importante, es el miedo al florecimiento de nuevos partidos, que como Syriza en Grecia, y Podemos en España, logren alcanzar el poder, constituyendo a nivel europeo una alternativa real de gobierno frente a los partidos políticos tradicionales, que en toda Europa han fracasado en la gestión de la crisis económica.

Sea por seguir a ultranza con el rigor de un modelo económico, sea por el temor a la aparición de nuevas fuerzas que ponen en cuestión una forma de hacer política, la UE debe respetar las decisiones de los ciudadanos de sus estados miembros en todos los casos, incluso si lo que se propone es la salida de la UE.

Europa sigue siendo una unión de carácter económico y, lamentablemente, no una unidad política, no una unidad de los pueblos de Europa. Domina lo económico por encima de lo político y lo social. Por tanto, la cesión de soberanía tiene mayor carga económica que política y los estados siguen siendo esencialmente soberanos, soberanía que reside en sus respectivos pueblos.

Ningún estado de la UE, por mucho que lidere económicamente ése espacio geopolítico y por mucho que haya contribuido a su consecución, tiene derecho a inmiscuirse o críticar, a través de sus dirigentes gubernamentales, los procesos y resultados electorales de cualquier otro estado miembro; mucho menos  llegar a "amenazar" con medidas económicas por el echo de que no les gusten dichos resultados.

Los nuevos modelos políticos, como Syriza y Podemos, se ha abierto paso con fuerza en los países del sur de Europa, los más castigados. Quizá ésa nueva forma de hacer política, mediante un modelo transversal de participación ciudadana, obligue a reformular la política de los estados para el siglo XXI.

Algún ajuste habrá que hacer para afrontar la realidad de que vivimos en un mundo nuevo, en el que la intercomunicación, el flujo de información, la economía y los desplazamientos de los individuos, no solo se globalizan, sino que se producen a gran velocidad, desbordando los viejos modelos sociales.

Si Europa no reflexiona al respecto y persiste en modelos políticos agotados, y no renueva su apuesta por lo social, que ha sido su sello de identidad desde el final de la segunda guerra mundial, estará abocada al fracaso respecto a su largo e intenso esfuerzo por formar una entidad propia merecedora de ser considerada una potencia política, económica y militar, fuerte en el contexto de un mundo global.

Una potencia que aporte su larga experiencia y trayectoria en pos de la civilización, con sus errores y éxitos. Pero cuna de una cultura, en su sentido más amplio, que hoy es seguida por miles de millones de personas, y en algunas de sus expresiones -arte, creación, ciencia, tecnología- admirada y utilizada por casi todos los habitantes del planeta.


Majadahonda, 18 de febrero de 2015

domingo, 8 de febrero de 2015

Primero justicia social, después caridad

Vivimos en un país en el que la desigualdad social ha aumentado en los últimos siete años de forma obscena. ¿Qué razón hay para ésto?

Las veinte personas más ricas en España poseen una fortuna similar a los ingresos del 30 por ciento más pobre de la población (casi 14 millones de personas), según un informe de la ONG Oxfam.

Un 20,4% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, uno de cada cinco habitantes de este país. Si nos referimos a los menores de 16 años se eleva hasta el 26,7%, lo que indica que más de uno de cada cuatro niños residentes en España está en riesgo de pobreza, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el porcentaje de la población española que vive en riesgo de pobreza (20,4%) se eleva hasta el 27,3% si se utiliza el indicador AROPE (siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión) que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea.

La encuesta arroja otros datos preocupantes como que el 16,9% de los hogares llega a fin de mes con "mucha dificultad", al tiempo que el 41% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

Según explica el INE: "La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad, no mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población".

Recientemente, el Cardenal Arzobispo de Valencia, Monseñor Antonio Cañizares, en una carta pastoral dirigida a la archidiócesis de Valencia, recuerda que se abre “un gran panorama para ejercitar la señal que identifica a los cristianos: la caridad” y agrega: “Habremos de poner todo nuestro empeño en la imaginación y la creatividad de la caridad”.

Cañizares, llama a “ser samaritanos en medio de las nuevas pobrezas”, ante la “grave y dolorosa situación social y económica por la que atraviesa Valencia”, y señala que los cristianos y las instituciones de Iglesia están “en la vanguardia de mostrar verdaderos signos de caridad y justicia”.

Monseñor quiere, según ha dicho, dedicarles el 10% de los presupuestos de la Diócesis de Valencia a los pobre, e, incluso, compartir viviendas para ayudar a madres solteras, embarazadas y víctimas de malos tratos.

Antonio Cañizares, ha propuesto, incluso, vender algunos bienes patrimoniales de la Iglesia, entre otras medidas, para atender a los pobres.

Sus palabras han llamado la atención, por ser inusuales en los miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica española.

De echo, hoy el Sr. Arzobispo no ha mencionado ni una palabra de su propuesta en la homilía de la misa que ha celebrado en la Catedral, llena de feligreses expectantes para  escuchar nuevas propuestas de su pastor.

¡Bienvenido sea su propósito si llegara a materializarse!

Pero yo quiero poner énfasis en otro aspecto de la cuestión.  

La iglesia siempre ha predicado la lucha contra la pobreza a través de la caridad de sus miembros. Así ha sido históricamente y sigue siéndolo hoy. Lo mismo da si hablamos en el contexto de un estado laico o de un estado confesional.

Sin embargo, yo pongo por delante el cumplimiento de una justicia social antes que el ejercicio de la caridad. Es decir, requiero, exijo al estado el cumplimiento de una de sus principales obligaciones: cuidar del bienestar de sus ciudadanos en cualquier circunstancia. Dedicar, de forma prioritaria a ese fin, todos los esfuerzos y recursos necesarios, en lugar de dirigirlos hacia otros objetivos cuya prioridad no reconozco.

¿Por qué la Iglesia, que se dice incardinada en la sociedad, no clama ante los gobiernos de cada estado en pos de una justicia social, en contra de la desigualdad social que arroja fuera de la sociedad a millones de personas, a los que yo llamo "los desahuciados sociales"?

¿Por qué en España, país aconfesional o de laicidad "positiva", conforme a la tesis del Tribunal Constitucional, en un momento en el que gobierna un partido claramente confesional, no se expresa en contra de las medidas del gobierno que han arrojado a millones de personas a la pobreza; que ha provocado el suicidio de muchas personas por motivos económicos; hace dos días, sin ir más lejos, una mujer de 43 años en Zaragoza, que iba a ser desahuciada de su vivienda?

¿Por qué no levanta su voz en contra de este sistema, basado en una austeridad que pone por delante la economía de unos pocos, y que termina convirtiéndose en una limpieza étnica?

¿A caso está en peligro la millonaria aportación económica del estado a sus arcas, a sus colegios doctrinarios?

Hace pocas horas el Papa Francisco ha dicho: «Entregar dinero a la Iglesia y defraudar al estado, es una hipocresía»

Yo añado: «También es hipocresía predicar la caridad y no exigir al estado que cumpla con la justicia social ante sus ciudadanos»


Majadahonda, 8 de febrero de 2015