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sábado, 8 de agosto de 2015

Rajoy y el PP están inhabilitados para el cambio

El PP se prepara para ser juzgado

Rajoy no quiere que le surjan problemas en los tribunales en vísperas de las generales, aun a costa de romper con la independencia judicial.

Para ello, a través del ministro de Justicia, Sr. Catalá, y del presidente del CGPJ, Sr. Carlos Lesmes, coloca a dedo su gente en puestos clave: Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional, Secretarios de Sala del Tribunal Supremo, etc.

Aparte del hecho impresentable que se da en el Tribunal encargado, por sorteo, de juzgar dos casos en los que figura como imputado: la primera parte de la "trama Gürtel" y los "papeles de Bárcenas".

Me refiero a los dos magistrados miembros del Tribunal extremadamente próximos al PP: Concepción Espejel y Enrique López, que fueron vocales del CGPJ a propuesta Génova. Recusados en 'Gürtel', serán presidenta y ponente en los 'papeles' de Bárcenas.

Enrique López también fue magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, cargo que tuvo que abandonar tras haber sido retenido por la policía una noche, conduciendo su moto con una tasa de alcohol muy superior al límite permitido.

En lenguaje llano, que iba borracho como una cuba.

A Rajoy y al PP no les detiene nada, absolutamente nada, no queda ningún principio democrático que no hayan infringido a favor de sus intereses.

Por eso, afirmo que ni Rajoy como dirigente ni el PP como partido están habilitados para la regeneración democrática y cambio del sistema institucional que necesita con urgencia este país llamado España.


Majadahonda, 7 de agosto de 2015.


domingo, 8 de febrero de 2015

Primero justicia social, después caridad

Vivimos en un país en el que la desigualdad social ha aumentado en los últimos siete años de forma obscena. ¿Qué razón hay para ésto?

Las veinte personas más ricas en España poseen una fortuna similar a los ingresos del 30 por ciento más pobre de la población (casi 14 millones de personas), según un informe de la ONG Oxfam.

Un 20,4% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, uno de cada cinco habitantes de este país. Si nos referimos a los menores de 16 años se eleva hasta el 26,7%, lo que indica que más de uno de cada cuatro niños residentes en España está en riesgo de pobreza, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el porcentaje de la población española que vive en riesgo de pobreza (20,4%) se eleva hasta el 27,3% si se utiliza el indicador AROPE (siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión) que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea.

La encuesta arroja otros datos preocupantes como que el 16,9% de los hogares llega a fin de mes con "mucha dificultad", al tiempo que el 41% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

Según explica el INE: "La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad, no mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población".

Recientemente, el Cardenal Arzobispo de Valencia, Monseñor Antonio Cañizares, en una carta pastoral dirigida a la archidiócesis de Valencia, recuerda que se abre “un gran panorama para ejercitar la señal que identifica a los cristianos: la caridad” y agrega: “Habremos de poner todo nuestro empeño en la imaginación y la creatividad de la caridad”.

Cañizares, llama a “ser samaritanos en medio de las nuevas pobrezas”, ante la “grave y dolorosa situación social y económica por la que atraviesa Valencia”, y señala que los cristianos y las instituciones de Iglesia están “en la vanguardia de mostrar verdaderos signos de caridad y justicia”.

Monseñor quiere, según ha dicho, dedicarles el 10% de los presupuestos de la Diócesis de Valencia a los pobre, e, incluso, compartir viviendas para ayudar a madres solteras, embarazadas y víctimas de malos tratos.

Antonio Cañizares, ha propuesto, incluso, vender algunos bienes patrimoniales de la Iglesia, entre otras medidas, para atender a los pobres.

Sus palabras han llamado la atención, por ser inusuales en los miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica española.

De echo, hoy el Sr. Arzobispo no ha mencionado ni una palabra de su propuesta en la homilía de la misa que ha celebrado en la Catedral, llena de feligreses expectantes para  escuchar nuevas propuestas de su pastor.

¡Bienvenido sea su propósito si llegara a materializarse!

Pero yo quiero poner énfasis en otro aspecto de la cuestión.  

La iglesia siempre ha predicado la lucha contra la pobreza a través de la caridad de sus miembros. Así ha sido históricamente y sigue siéndolo hoy. Lo mismo da si hablamos en el contexto de un estado laico o de un estado confesional.

Sin embargo, yo pongo por delante el cumplimiento de una justicia social antes que el ejercicio de la caridad. Es decir, requiero, exijo al estado el cumplimiento de una de sus principales obligaciones: cuidar del bienestar de sus ciudadanos en cualquier circunstancia. Dedicar, de forma prioritaria a ese fin, todos los esfuerzos y recursos necesarios, en lugar de dirigirlos hacia otros objetivos cuya prioridad no reconozco.

¿Por qué la Iglesia, que se dice incardinada en la sociedad, no clama ante los gobiernos de cada estado en pos de una justicia social, en contra de la desigualdad social que arroja fuera de la sociedad a millones de personas, a los que yo llamo "los desahuciados sociales"?

¿Por qué en España, país aconfesional o de laicidad "positiva", conforme a la tesis del Tribunal Constitucional, en un momento en el que gobierna un partido claramente confesional, no se expresa en contra de las medidas del gobierno que han arrojado a millones de personas a la pobreza; que ha provocado el suicidio de muchas personas por motivos económicos; hace dos días, sin ir más lejos, una mujer de 43 años en Zaragoza, que iba a ser desahuciada de su vivienda?

¿Por qué no levanta su voz en contra de este sistema, basado en una austeridad que pone por delante la economía de unos pocos, y que termina convirtiéndose en una limpieza étnica?

¿A caso está en peligro la millonaria aportación económica del estado a sus arcas, a sus colegios doctrinarios?

Hace pocas horas el Papa Francisco ha dicho: «Entregar dinero a la Iglesia y defraudar al estado, es una hipocresía»

Yo añado: «También es hipocresía predicar la caridad y no exigir al estado que cumpla con la justicia social ante sus ciudadanos»


Majadahonda, 8 de febrero de 2015