TIEMPO DE OSCURIDAD
Vivimos tiempos oscuros. No ha existido una sensación de retroceso y precariedad en la sociedad española como la que ahora vivimos, al menos desde que tuvo lugar la transición de la dictadura a la democracia.
Por una parte, los efectos de la crisis económica y la explosión de la burbuja inmobiliaria, y su gestión por los gobiernos de Zapatero y Rajoy, han sumido al país en la pobreza y ha aumentado la desigualdad social, con recortes en servicios que considerábamos intocables -justicia, sanidad, educación y pensiones- con un número de parados insoportable de los que solo el 57% reciben algún tipo de presentación, con una devaluación salarial y precariedad laboral que hacen que el tener trabajo no sea garantía de salir de la pobreza.
Por otra parte la evidente pérdida de calidad democrática que estamos sufriendo y que es perceptible en todos los órdenes de la sociedad. Hablar hoy de España como un país donde se practica la democracia es negar la realidad. Y esto no trae causa de la crisis económica, sino de la práctica política de los dos principales partidos -por ahora- de este país.
Este punto, la pérdida de calidad democrática es en el que quiero centrar esta reflexión.
Con la ayuda necesaria de una ley electoral diseñada para las elecciones de junio de 1977, PSOE y PP terminaron por construir un sistema bipartidista de gobierno, aunque la composición de Congreso y Senado demuestran la pluralidad de opciones políticas de los españoles. Y eso a pesar del sesgo de los resultados electorales debido a la aplicación del sistemas D'Hont a circunscripciones electorales tan pequeñas y dispares como son las provincias.
Esa práctica bipartidista, semejante a la que hubo en la restauración borbónica de Cánovas, ha llevado a ambos partidos a una situación de acomodo que en el caso del PSOE ha terminado con la pérdida de su identidad como partido de izquierda, situación que ha propiciado que el PP arrasara en los comicios municipales, autonómicos y generales celebrados en 2011. Estos resultados, su floja actuación como oposición y los resultados electorales de las europeas de 25 de mayo, han llevado al PSOE al borde de la desaparición.
De ningún modo digo que PP y PSOE hayan devenido en una misma forma de hacer política, eso nunca ha sido así. Lo que afirmo y resalto es que desde 2010 los actos del PSOE -o su ausencia- han allanado el camino del PP y nos han traído a la situación actual.
¿Y cuál es la situación actual? Constitucionalmente España es una Monarquía Parlamentaria con un sistema multipartidista. Siendo así de "jure" en estos momentos es un estado de Partido Único Dominante. El sistema de Unipartidismo Dominante es un sistema en el que un partido tiene una influencia superior a la de otros partidos, pero a diferencia del unipartidismo hegemónico, en el unipartidismo dominante los partidos dominantes comparten el poder, pueden perder elecciones o necesitan de otras fuerzas para lograr coaliciones de gobierno en los Parlamentos. Puede ser compatible con la existencia del Estado Democrático pero, aunque en menor medida que en el sistema de partido hegemónico porque hay un cierto control desde los demás partidos, también suele degenerar en la creación de redes clientelares y prácticas corruptas.
¿Cómo hemos llegado a ésta situación? Dos de las causas las he mencionado más arriba, la actual ley electoral, que premia y mucho a los partidos grandes, y la decadencia del PSOE; ambas traen aparejada la tercera: el poder omnímodo del PP.
Reproduzco a continuación unos párrafos de un blog titulado "El poder del Sr. Rajoy" que publiqué en abril.
«En resumen, en España, desde la aprobación de la Constitución de 1978, nadie ha reunido tanto poder político. Es más, dado que de acuerdo con la Constitución el Rey carece de dicho poder, hay que concluir que nadie en España tiene mayor poder político que el Sr. Rajoy, incluido el Rey».
«Por otra parte, aunque la Constitución consagra la división de poderes, resulta que el Ejecutivo y el Legislativo están en manos del PP, con mayoría absoluta en el Congreso y el Senado».
«Respecto del poder Judicial [dejando aparte la dependencia orgánica de la fiscalía respecto al ejecutivo] dado el sistema de 'cuotas' aplicado por PP y PSOE para la elección de los miembros de Instituciones capitales como El Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, la mayoría de sus componentes lo son a propuesta del PP. Esto significa que, desde el respeto debido al carácter independiente de este poder del Estado, muchos pensemos que la condiciona [hoy día no se puede hablar de la independencia de poderes del estado ni de su control recíproco]. En definitiva todo el poder para el Sr. Rajoy».
Creo que ha quedado claro cómo hemos llegado al Unipartidismo Dominante. Pero se abre otra cuestión: ¿Qué uso está dando el PP a la situación? En mi opinión la peor que se podía esperar.
El PP a través del gobierno Rajoy es el único responsable de la pérdida de calidad democrática en España. Nunca se ha atentado tanto contra las libertades, derechos sociales, justicia. Derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española. Leía hace unos días en un tuit:
«Si hubiera un premio a la destrucción del Estado social y del Estado del Bienestar en tiempo récord se lo llevaría Rajoy y su gobierno».
Estoy totalmente de acuerdo con la afirmación.
LIBERTADES
El gobierno Rajoy hace desprecio de principios democráticos fundamentales, llegando a atentar contra los Derechos Humanos (Ceuta y Melilla) su política ha provocado muertes (Sanidad, Dependencia, Desahucios y otra vez Ceuta y Melilla) provoca hambre y miseria incluso en la infancia, a la que cualquier sociedad cuida como un tesoro porque es su futuro.
El gobierno Rajoy atenta contra la libertad de expresión en los medios de comunicación, por vía directa en aquellos que son de titularidad pública (RTVE y CC.AA.) e indirecta en los privados mediante la publicidad institucional.
También atenta contra la libertad de expresión sindical y de colectivos ciudadanos mediante un uso desmesurado de la fuerza policial y promoviendo que la fiscalía (que controla) ejerza una función de represalia jurídica cuyo único fin es inculcar el miedo en el pueblo, coartando el derecho fundamental de manifestación.
El gobierno Rajoy tiene preparados tres anteproyectos de ley dispuestos para pasar por el Consejo de Ministros cuando juzgue oportuno. Me refiero a la ley que regula el aborto, a la ley de seguridad ciudadana y a la de reforma de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ). Las tres son leyes que nos retrotraen a tiempos pasados y que la sociedad no ha reclamado. Además de regresivas son leyes que atentan contra la libertad de los españoles en cuestiones que afectan al ámbito personal y al colectivo. Ambas no han superado sin serias advertencias, incluso de inconstitucionalidad, los filtros de órganos consultivos como el Consejo de Estado y el CGPJ, amén de los colectivos ciudadanos y profesionales que han manifestado su protesta, y han salido a la calle en múltiples manifestaciones. A pesar de todo, el gobierno Rajoy mantiene en su agenda ambos anteproyectos.
La Ley de Seguridad Ciudadana trata de "actualizar y blindar las actuaciones policiales en la calle", dando más garantías no sólo al ciudadano, sino también al policía.
«Los informes preceptivos de los organismos de los jueces y de los fiscales apuntaban, incluso, que algunos de los artículos podían rozar la inconstitucionalidad. Desde la oposición se hablaba de ley 'mordaza', de ley de 'recortes de libertades'. El anteproyecto contenía tal cúmulo de medidas calificadas de ”dudosa constitucionalidad" en apreciación del Consejo de Estado y el CGPJ, que el gobierno se ha visto obligado a rectificar y atender sus recomendaciones. Sin embargo, conserva elementos que atentan contra la libertad de manifestación cómo: la temporalidad de la retención policial y políticas preventivas que solo buscan intimidar al ciudadano y coartar así sus derechos de expresión.
JUSTICIA
El gobierno Rajoy impide el libre acceso a la Justicia. El pasado 16 de junio Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) desde 2001, miembro nato del Consejo de Estado y máximo dirigente de la Unión Profesional, decía lo siguiente en Diario Jurídico:
«Estamos construyendo una nueva Administración de Justicia sobre bases falsas y movedizas» y añadía «Las tasas son un manifiesto abuso para España en la situación de crisis que se invoca por parte de todos los partidos políticos. No encuentro la razón de que, por una parte, se esté hablando de una crisis terrible y, por otra, se impida a la ciudadanía acceder a la Justicia», afirmando que «un 25-35% de ciudadanos está privado del derecho al acceso a la justicia debido al aumento de las Tasas Judiciales».
A principios de éste mes, el Sr. Carnicer, en una carta dirigida al Presidente de Gobierno respecto al acceso a la Justicia gratuita termina diciendo:
«Nos mueve el deseo de tener una Justicia que merezca la confianza de los operadores jurídicos pero, sobre todo, de los ciudadanos. No queremos una Justicia que dificulte el acceso a la tutela judicial efectiva ni una justicia cargada de barreras o de tasas ni una Justicia cada día más lejos de los ciudadanos».
No se puede decir más claro.
Por abundar en tan importante cuestión, pues la justicia es uno de los poderes del estado, recordemos que en abril el actual Fiscal General del Estado, D. Eduardo Torres-Dulce, en el Parlamento, respecto a la falta de una adecuada ley anticorrupción, lamentó la falta de medios legales, materiales y personales y la ausencia de mecanismo de acceso a bases de datos públicos para poder combatir la corrupción. "Legislación insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía", “actuación exasperantemente lenta”, “absoluciones difíciles de entender y sin recuperación de dinero”, “prescripciones incomprensibles”, “indultos a corruptos” y “agujeros negros en la ejecución de sentencias”, son algunas de las disfunciones demoledoras que Torres-Dulce denunció ante la Comisión Constitucional y que llevan a la sensación generalizada de que “la Justicia favorece al poder”.
Solo dos datos más tomados del 'Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE para 2014'. La inversión destinada a Justicia ha bajado en picado (aunque se reconoce la ausencia de datos de las Comunidades autónomas y del CGJP, ello es irrelevante dado lo exiguo de sus inversiones reales). Así es, se ha pasado de 90 € habitante/año en 2010 a 25 € en 2012. Por otro lado, España sigue con un número ridículamente bajo de jueces por cada 100.000: 10,1, cuando la media europea es superior a 19 por 100.000. Una Justicia no puede funcionar así en una sociedad avanzada, antaño casi octava potencia económica del mundo. No puede funcionar porque no se quiere que funcione.
No solo se le niegan medios y capacidad de organización al servicio público de la Justicia, sino que el auxilio necesario por parte de otros sectores públicos para su funcionamiento se ralentiza, se entorpece y se jibariza. Pensemos en los casos de corrupción: ¿cuánto tardan en completarse los informes de las diversas oficinas de Hacienda, de la Intervención, de la ridícula contribución del Tribunal de Cuentas? Observemos también como unidades de policía y de inspectores fiscales especialmente asignadas a los Tribunales son desmanteladas y/o sus miembros reasignados a otros servicios.
Pero no solo son responsables de esta lentitud exasperante aquellos poderes públicos. La contribución de las grandes corporaciones en la colaboración de la justicia, incluso cuando no son responsables de los hechos, hace tiempo que sobrepasó la línea de la resistencia a colaborar con la Justicia. Si un Juez de Instrucción, harto de recibir la callada por respuesta, ordena una entrada y registro en la sede de una entidad bancaria, o la sede de un partido político -caso del propio PP-, además de aparecer como por ensalmo los documentos cuya existencia se negaba o más sibilinamente se decía desconocer, ese juez es tildado de estrella, sediento del foco publicitario. ¿Es ello casual? Me temo que no.
Conclusión: La Justicia estorba al ejecutivo y por eso no solo no se la dota de medios materiales sino que se quiere acallar a sus miembros, como contempla el proyecto de ley que prepara el gobierno Rajoy a través del desprestigiado ministro Sr. Gallardón.
El proyecto de reforma de la LOPJ ha encontrado fuerte resistencia en el CGPJ y asociaciones como la Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente. En una reciente conferencia de los portavoces de éstas, en la que no participó la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que es mayoritaria en la carrera, el proyecto recibió duras críticas de los jueces:
«Los jueces acusan a Gallardón de buscar “territorios de impunidad” para los políticos».
«Con la ley de Gallardón no habría investigaciones como los casos Pokémon, Nóos o el de los ERE»
«Es una reforma muy negativa que forma parte del estilo Gallardón, que consiste en generar actuaciones improvisadas, poco rigurosas técnicamente, que no resuelven los problemas reales y que sólo sirven para proyectar su imagen pública».
«Quieren unos jueces silenciosos y alejados de la ciudadanía».
«También se mencionó el intento del PP de acabar con la denominada jurisdicción universal, algo que según las asociaciones no ha sido posible gracias a los jueces, que tal y como se dice en la Constitución, dictan sentencias e interpretan las leyes. Y según la opinión de las asociaciones, una ley que ha tratado de favorecer a China, ha acabado provocando la liberación de narcotraficantes».
Creo que éstas citas de prensa reflejan claramente el afán del gobierno Rajoy por hacer de la justicia un instrumento más de su política reaccionaria, saltándose, sin pudor alguno, una de las bases de la democracia, la independencia de poderes.
También muestran el alejamiento existente entre el gobierno y los jueces de tendencia más progresista de este país.
¡Y lo llaman Democracia!
GOBERNAR POR DECRETO
Otro aspecto muy importante: el abuso que el gobierno de Rajoy está haciendo del uso del Real Decreto Ley como instrumento legislativo.
Un decreto ley, en general, es una norma con rango de ley, emanada del poder ejecutivo, sin que medie intervención o autorización previa de un Congreso o Parlamento.
«Así se hurta al Parlamento de su función fundamental fiscalizadora de la acción del Poder Ejecutivo y, sobre todo, que éste suplanta el papel parlamentario al realizar labores legislativas rompiendo así la división de poderes básicos para la democracia».
El Decreto Ley, Real Decreto Ley u Orden Ejecutiva, términos sinónimos, son contemplados en la mayoría de las constituciones y es utilizado, en mayor o menor medida por todos los gobiernos.
La Constitución Española contempla el uso de ese instrumento legislativo en su artículo 86, en el que también contempla las condiciones y limitaciones del mismo.
Las notas características del decreto ley son:
1.- Extraordinaria y urgente necesidad como habilitantes.
2.- Su provisionalidad, la necesidad de convalidación por el Congreso en 30 días y su posible tramitación urgente como leyes.
3.- Su regulación no puede afectar a:
3.1.- Ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.
3.2.- Derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I CE.
3.3.- Régimen de las CC.AA.
3.4.- Derecho electoral general.
Aconsejo la lectura del artículo de Juan Torres López titulado "La dictadura del decreto ley" en El País del 6 de julio de 2014, del que entresaco los siguientes párrafos:
«Esta forma de gobernar es muy poco democrática y no está justificada por la crisis».
«El decreto ley es un instrumento legislativo que según nuestra Constitución solo se debe utilizar “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”, pero que en los últimos años se ha convertido en el modo habitual y no excepcional de legislar en perjuicio del debate parlamentario».
También recomiendo el artículo de Julio González García en Agenda Pública del 7 de julio de 2014, titulado "El abuso del Decreto Ley y la mala calidad de la democracia" que se acompaña con gráficos y tablas. De él entresaco:
«La publicación en el BOE del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de "aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia" ha despertado la polémica. 172 páginas que modifican !125 Leyes y afecta a nueve ministerios¡ donde se regulan cuestiones tan variadas como el Registro Civil o los aeropuertos, los puertos o minas, las empresas de trabajo temporal, el cine, los horarios comerciales, los drones, el sector del gas natural o el de la energía eléctrica».
Los decretos ley entran en vigor cuando se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y hay un mes de plazo para que sean convalidados por el Congreso. Si la mayoría no acepta que se tramiten después como proyectos de ley, se impide a los grupos presentar enmiendas para cambiar algún punto. Por eso la oposición se ha negado a que el decreto ley aprobado el pasado viernes, que llegó a la Cámara este lunes, sea convalidado tan sólo tres días después.
«Forma y tiempo de aprobación de la norma se unen impidiendo la discusión sobre reformas de gran calado, que ahondan en orientaciones de marcado corte neoliberal y privatizador».
«El uso del Decreto Ley para regular aquello que no era urgente ni extraordinario, sino más bien problemático para el Gobierno, es poco democrático».
Mariano Rajoy se estrenó ya con un decreto ley en su primer Consejo de Ministro, el de medidas urgentes para atajar el déficit público, y desde entonces llegaron 29 más en 2012, 17 en 2013 y 7 en lo que llevamos de 2014, en total 53 Reales Decretos en dos años y medio de gobierno. El anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, impulsó 51 en sus siete años de gestión. Aznar en su segundo gobierno, también con mayoría absoluta en Congreso y Senado, promovió 43 RDL en toda la legislatura (2000-2004). 2012 fue, además, el año con más decretos leyes de la democracia, superando a 1982. Entonces, Leopoldo Calvo Sotelo sacó adelante 21 y Felipe González otros cinco para sumar un total de 26, tres por debajo del 'récord' de Rajoy.
El diario británico 'Financial Times' se fijó en este hecho el año pasado y criticó en un artículo que este Gabinete emitiera "más leyes de emergencia que ninguno de sus precedentes" en sus primeros meses en el poder. La cabecera británica recordó que la aprobación media de decretos por año en democracia estaba en 14, menos de la mitad de los impulsados por el Gobierno en 2012, y aseguró que numerosos inversores se habían quejado por la incertidumbre que provocaba, por ejemplo, sacar adelante hasta seis normas de este tipo relativas al sector energético. Desde Moncloa, en cambio, aseveraron que "el uso de decretos está justificado por la urgencia de la situación".
¿Qué tienen de excepcional y urgente regular cuestiones tan variadas? Todo esto ocurrió el pasado día 4 de julio y ha provocado revuelo e indignación en todas las fuerzas políticas de oposición representadas en el Congreso que afirman que dicho RDL modifica de forma "ilegal" y "tramposa" unas 25 leyes. Algunas de ellas han anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad del citado RDL.
El 8 de julio, en la Junta de Portavoces del Congreso, todos los partidos excepto el PP, repitieron sus protestas contra el RDL "escoba" del gobierno criticando sus métodos "caciquiles". Todos los portavoces de la oposición criticaron con dureza al Ejecutivo por llevar al Congreso un decreto ley que incluye medidas tan heterogéneas como los incentivos al empleo juvenil, liberalización de horarios comerciales, comisiones de tarjetas bancarias, regulación del uso de drones, y cesión a los registradores mercantiles de la gestión del Registro Civil, entre otros asuntos. Tras discutir a puerta cerrada con el Gobierno y el Grupo Popular en la Junta de Portavoces, los representantes de la oposición han hecho pública su indignación en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, que se ha producido después. Todos los portavoces que han intervenido, salvo el del PP, han cargado contra el Gobierno, en primer lugar por "abusar" de los decretos leyes, una fórmula legislativa que, según han reiterado, la Constitución sólo permite utilizar en caso de "extremada y urgente necesidad", condiciones que, en su opinión, no se dan ahora. Sin embargo el gobierno a utilizado su mayoría absoluta para imponer que el Pleno del Congreso lo convalide este mismo jueves, tres días después de su entrada en el Congreso, sin dar la posibilidad a los grupos de presentar enmiendas, pudiendo hablar sólo 15 minutos y sin oportunidad de confrontar directamente con los ministros de los departamentos afectados. El portavoz parlamentario del PP ha justificado su posición y la del gobierno afirmando que "Este decreto ley no es de recortes, sino de incentivo", incidiendo en que es "urgente y necesario" porque su único objetivo es reactivar la economía española y, además, "tiene un hilo conductor". Desde la Moncloa han calificado de "obstruccionista" y contraria a los intereses de los españoles la actitud de los partidos de la oposición.
Este abuso del RDL ha provocado la presentación de numerosos recursos de inconstitucionalidad por los partidos de la oposición. Según el estudio comparativo contenido en la última memoria del TC, en 2012 se presentaron 38 recursos de inconstitucionalidad y en 2013 otros 76. No todos referidos a RDL sino también a otras leyes aprobadas por la mayoría absoluta del PP. En total 114 recursos en dos años y medio de gobierno del Sr. Rajoy, frente a los 78 presentados en los 3 últimos años de gobierno del Sr. Zapatero.
No se puede cambiar el ordenamiento sin seguir el procedimiento porque dificulta saber qué hay que aplicar, genera inseguridad jurídica en nuestros derechos e intereses, lo que afecta al Estado de derecho.
Estos son los hechos. ¿Podemos seguir afirmando que el Ejecutivo de Rajoy, en su relación con las cámaras que representan la soberanía 'de todos los españoles', actúa conforme a principios democráticos? Yo digo rotundamente que no.
INTRUSIÓN IDEOLÓGICA
Es legítimo que cuando un partido político alcanza el poder mediante unas elecciones democráticas, aplique el programa electoral con el que se ha presentado, así como el ideario político propio. Pero no olvidemos que la democracia si bien se basa en el gobierno de la mayoría también se basa en el respeto a las minorías, pues no en vano gobierna para todos los ciudadanos. Además, su gobierno afecta al ámbito de lo público y no al ámbito de lo privado.
Afectan al ámbito privado cuestiones tan importantes como el respeto escrupuloso a las ideas religiosas, la libertad a la opción sexual de cada ciudadano y la educación.
Según la Constitución Española de 1978, el nuestro es un estado aconfesional. Esta afirmación está sesgada en su origen, no por el hecho de que una mayoría, cada vez menor, de españoles se catalogue como católica, esto es otro debate, sino por la existencia de unos Acuerdos con el Vaticano que otorgan prebendas a la Iglesia Católica que en modo alguno comparten otras religiones. Por ejemplo, la Iglesia Católica goza de una serie de beneficios fiscales que son incompatibles con un estado aconfesional.
Ningún gobierno ha afrontado esta cuestión. Respecto al análisis sobre la calidad democrática de nuestro país, el problema surge cuando el partido que gobierna, el PP, es objetivamente un partido confesional que, sin respetar el principio constitucional, trata de penetrar en el ámbito privado a través de leyes y otras medidas que favorecen descaradamente a entidades católicas, en detrimento de las públicas.
En el terreno de la educación es donde más se nota ése tratamiento desigual. La política de centros concertados es una forma de subvencionar la escuela privada detrayendo medios a la escuela pública. Se da además la circunstancia de que esos centros son propiedad de órdenes religiosas, o grupos católicos, algunos de dudosa conducta -Opus Dei, 'Kikos', Gerrilleros de Cristo...-. Es obvio cuál es el ideario de estos centros en materia religiosa. Por supuesto no tengo nada en contra, salvo su cofinanciación con fondos públicos. Otra cosa es que la política del PP desde el gobierno central, autonómicos o ayuntamientos, derive no solo recursos, sino plazas desde los centros públicos a los concertados. No menciono los centros exclusivamente privados. Esta política tiene una sostén legal en el artículo 27.3 de la Constitución que dice:
«Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
Ya expresé mi opinión sobre dicho artículo en otro blog, por lo que no voy a insistir sobre ello. Pero en el contexto de este blog subrayo que el problema es la primacía que los gobiernos del PP, cualquiera que sea su nivel de actuación, otorgan a estos centros confesionales.
La educación es un valor esencial en cualquier sociedad, la educación nos prepara para el futuro, la educación nos prepara para la convivencia, la educación nos enseña a pensar, a hacernos preguntas, a cuestionar nuestro entorno social, la educación nos hace libres. Pero la educación también puede ser utilizada como un instrumento para el adoctrinamiento político y social. La edición es, tras la justicia, el elemento más sensible de una civilización. Un índice del desarrollo de un país es su gasto en educación, desde el aula a la formación de sus profesores y también de los planes de estudio y el seguimiento del desarrollo integral de los alumnos. La educación es tan importante que se convierte en una cuestión de estado.
Desgraciadamente en España no se la trata así. Cada gobierno implanta un nuevo proyecto educativo. En el caso del PP las razones no son pedagógicas sino ideológicas. Véase si no la LOMCE, una ley claramente doctrinaria donde la enseñanza de la Religión es obligatoria y con un peso curricular igual a la Lengua o las Matemáticas. El control de ésa asignatura se entrega totalmente a la Iglesia Católica. Ella define los contenidos, pone y quita a los profesores, evalúa los resultados y... el gobierno solo tiene que pagar los gastos. La LOMCE se ha hecho a la medida de la Conferencia Episcopal Española. No introduce ningún avance pedagógico, por el contrario se produce un retroceso. La LOMCE fue aprobada sin una memoria económica y con solo los votos de la mayoría absoluta del PP.
¿Podemos llamar a ésto política educativa de un estado democrático avanzado? Yo afirmo que no.
Otra cuestión que es exclusiva del ámbito privado, en este caso de las mujeres, es la regulación del aborto, en el que el gobierno Rajoy ha entrado haciendo gala de un fanatismo religioso que demuestra que no gobierna para todos los españoles, como está obligado a hacer, ni tampoco para muchos de sus electorales, sino para sus seguidores más retrógrados y la Conferencia Episcopal Española.
La reforma no responde a una demanda social, sino a una ideología ultra conservadora, reaccionaria, que desconfía y quiere cercenar la libertad de las mujeres. Esta contrarreforma injusta e hipócrita, refleja es que siempre hace la derecha reaccionaria cuando se trata de la libertad de las mujeres.
La pasada semana partidarios y detractores del proyecto se concentraron, por separado, en el Congreso de los Diputados en sendas iniciativas promovidas por colectivos provida y movimientos feministas. El número de asistentes a las reuniones fue muy dispar, triplicando los contrarios a la reforma a aquellos que la apoyan. El ministro Gallardón finalmente no acudió a la convocatoria. El PP y los organizadores de la jornada provida criticaron que la Mesa del Congreso, en la que está presente Celia Villalobos, hubiera autorizado que ambos seminarios coincidieran el mismo día y a la misma hora en el mismo edificio.
La contrarreforma se basa en la ley de supuestos de 1985 y en la sentencia del TC al recurso presentado por el padre del actual ministro de justicia, en nombre de la antigua Alianza Popular, recurso que pretendía inconstitucionalidad de la ley. El anteproyecto elaborado por el ministro Gallardón es más restrictivo que aquélla.
¿Elaborar una ley que no solo deroga la actual ley de plazos sin que haya demanda social para hacerlo, que va más atrás de una ley aprobada hace 29 años y considerada ajustada a la Constitución por el TC, que afecta al ámbito privado de más de la mitad de los españoles, es gobernar democráticamente? Yo afirmo que no, y añado que no solo es una reforma ideológica, es discriminatoria al afectar solo a las mujeres de este país.
LO QUE ENTIENDE EL PP COMO REGENERACIÓN DE LA DEMOCRACIA.
Hace pocos días el Sr. Rajoy afirmó que su gobierno y su partido iban a encabezar la regeneración democrática de este país. Como diría Groucho Marx: "Imposible, es una contracción en sus términos". La derecha reaccionaria nunca ha emprendido una regeneración democrática. Prueba de ello es que poco después de ésa afirmación el propio Sr. Rajoy lanzó la propuesta de un cambio en la ley electoral para que en las elecciones municipales del próximo año fueran elegidos como alcaldes las personas que encabezaran las más votadas, aunque no alcanzaran la mayoría absoluta. El objetivo de la propuesta es anular la posibilidad de que una coalición poselectoral de gobierno. De no hacer la modificación propuesta, los datos actuales proyectan la pérdida del PP de la alcaldía de 40 ciudades. Es decir, la propuesta supone:
1.- La abolición de un instrumento democrático como es, en sistemas parlamentarios, la formación de coaliciones poselectorales.
2.- El cambio de las reglas del juego democrático a beneficio propio.
¡Y aún lo llaman democracia!
REFLEXIÓN FINAL
Vivimos tiempos de oscuridad. La crisis económica ha empobrecido a muchos y enriquecido a unos pocos. Tiempos de corrupción, una corrupción que tiene abatida a una sociedad que se despierta cada día con un caso nuevo en el que la codicia de unos encuentra ayuda y amparo en partidos políticos, sindicatos, ayuntamientos, comunidades autónomas... Una corrupción que salpica a la Jefatura del Estado, al gobierno y al partido que le sustenta, a jueces y fiscales, a representantes de la Iglesia Católica...
Son conductas humanas que se han repetido multitud de veces a lo largo de la Historia y en todos los lugares del mundo. Pero no por eso deben escapar de la justicia ni de la reprobación social.
Los partidos políticos, como otros tipos asociativos, siempre han sido y serán focos de clientelismo y semillas de la corrupción. En un sistema de gobierno de Partido Único Dominante ése efecto crece exponencialmen y encuentra mayor colaboración y protección por los poderes públicos.
Pero además el gobierno de Partido Único Dominante, como el caso del gobierno Rajoy, conduce a un ejercicio de la política que destruye la calidad democrática del Estado.
La destrucción es fruto de su afán dominador, por que no tiene quien le controle. Y da lo mismo si es de izquierda o derecha. Pero no resulta en las mismas consecuencias. Además, el gobierno Rajoy no se comporta como un partido conservador.
Recordemos aquí unas palabras del Presidente de Uruguay José Mujica:
«Los conservadores suelen ser democráticos, los que no son democráticos son los que resultan de su perversión: los reaccionarios»
El PP se define como un partido liberal-conservador, pero yo afirmo que su presidente y su gobierno es reaccionario.
He expuesto suficientes ejemplos del modo en que ejerce su poder y como gobierna, del desprecio a los principios básicos de la Democracia y con ello a la ciudadanía de este país llamado España, que un día transitó de la Dictadura a la Democracia con el esfuerzo de todos y la sangre de muchos.
Termino citando de nuevo al Prof. Juan Torres López, que cierra su artículo con éstos párrafos:
«Uno de los más grandes juristas de todos los tiempos, Hans Kelsen, decía que la democracia es discusión y que lo democrático es que la voluntad política se forme siempre a través de la transacción y el compromiso entre intereses divergentes».
«Por eso, gobernar tan a menudo a golpe de decreto es una prueba más de la escasa calidad de nuestra democracia».
No, por culpa u omisión del PSOE, por culpa de un gobierno reaccionario y mentiroso, que desprecia y castiga a los que no pensamos como él, por culpa del PP, no podemos decir, sin faltar a la verdad, que España es hoy un país donde impera la Democracia.
Majadahonda, 10 de julio de 2014.
