Rajoy y el PP están inhabilitados para el cambio

El PP se prepara para ser juzgado

Rajoy no quiere que le surjan problemas en los tribunales en vísperas de las generales, aun a costa de romper con la independencia judicial.

Para ello, a través del ministro de Justicia, Sr. Catalá, y del presidente del CGPJ, Sr. Carlos Lesmes, coloca a dedo su gente en puestos clave: Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional, Secretarios de Sala del Tribunal Supremo, etc.

Aparte del hecho impresentable que se da en el Tribunal encargado, por sorteo, de juzgar dos casos en los que figura como imputado: la primera parte de la "trama Gürtel" y los "papeles de Bárcenas".

Me refiero a los dos magistrados miembros del Tribunal extremadamente próximos al PP: Concepción Espejel y Enrique López, que fueron vocales del CGPJ a propuesta Génova. Recusados en 'Gürtel', serán presidenta y ponente en los 'papeles' de Bárcenas.

Enrique López también fue magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, cargo que tuvo que abandonar tras haber sido retenido por la policía una noche, conduciendo su moto con una tasa de alcohol muy superior al límite permitido.

En lenguaje llano, que iba borracho como una cuba.

A Rajoy y al PP no les detiene nada, absolutamente nada, no queda ningún principio democrático que no hayan infringido a favor de sus intereses.

Por eso, afirmo que ni Rajoy como dirigente ni el PP como partido están habilitados para la regeneración democrática y cambio del sistema institucional que necesita con urgencia este país llamado España.


Majadahonda, 7 de agosto de 2015.

Dos reflexiones de Javier Pradera de 1994

En recuerdo de Javier Pradera 

(San Sebastián, 28 de abril de 1934 - Madrid, 20 de noviembre de 2011)

Durante muchos años, a primera hora de la mañana, le escuchaba  todos los días en la SER, en el programa Hoy por Hoy que entonces dirigía y presentaba un grande de la comunicación, Iñaki Gabilondo.

Javier Pradera murió el 20 de noviembre de 2011, el mismo día en que el PP ganó las elecciones, aniversario de la muerte de Franco y también de José Antonio. Una de esas ironías de la Historia para un hombre que militó en el Partido Comunista.

Ahora, gracias a la iniciativa de amigos y compañeros, están saliendo a la luz algunos  libros basados en escritos inéditos de este hombre tan polifacético y comprometido con la transformación del Estado y la Sociedad.

He comenzado a leer uno de ellos,  que escribió en 1994 sin llegar a publicarlo; su título: "Corrupción y política" [Sub. Los costes de la democracia] (Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores). Fernando Vallespín, se ha encargado de hacer un estudio introductorio. Su presentación tuvo lugar en octubre de 2014.

Ojeando el libro he leído dos observaciones de Pradera que escritas hace 20 años hoy son premonitorias:

«no fue el aparato institucional y jurídico de la Transición el que abortó una sociedad más democrática, sino la misma carencia de una sociedad democrática la que abortó la eficacia del aparato jurídico e institucional».

Y la segunda da que pensar porque hace 20 años, en 1994, que Pradera sospechó que: 

«los partidos ya no son representantes de la sociedad dedicados a defender los intereses de sus electores sino instituciones autónomas que protegen ante todo sus propios intereses».

Dos observaciones que hoy suscribiríamos muchos de los que entonces no supimos o no quisimos verlo.

Dos observaciones no solo aplicables al caso de España sino a todas las democracias modernas.

Sigue siendo necesario buscar soluciones. 

Majadahonda, 31 de julio de 2015. 

Carta abierta al Sr. Rajoy

Sr. Rajoy.

Soy un ciudadano español harto de usted, de su partido y de todo lo que representan.

Soy un español que creyó que a partir del 79 este país había comenzado un cambio que poco a poco nos llevaría a una democracia plena.

Soy un español que vivió muchos años el franquismo, en el que, por su ausencia, aprendí el sentido de la palabra «Libertad». A ésta luego le siguieron muchas otras, todas relacionadas con los derechos humanos.  

Pero ésa ilusión ha ido desapareciendo a medida que la acción política de los principales partidos de este país -PSOE y PP- ha derivado hacia una partitocracia de turnos que ha borrado las diferencias entre ambos, en la que los intereses de ambos se han puesto por delante de los de la ciudadanía, bien por su afán de mantener el poder para alimentar el ego y los sucios intereses personales de los respectivos dirigentes, así como los intereses clientelares de muchos de sus cargos públicos y de sus "amigos".

Este reproche lo comparten por igual PSOE y PP, y también algún otro partido del ámbito nacionalista, me refiero a CDC y UDC -CiU- y PNV, así como los sindicatos CC.OO. y UGT.

Tampoco excluyo de él a la máxima representación del Estado, la Monarquía Española, que ha dilapidado todo el crédito que llegó a poseer incluso entre algunos de los que nos definimos como republicanos.

Todos ustedes, de la mano de los plutócratas de este país, nos han traído al estado actual, contando con la colaboración de una ciudadanía  no educada para vigilar el comportamiento de sus políticos en defensa de la democracia; para reclamar transparencia en sus actuaciones. Solo educada para depositar su voto periódicamente. El perfecto 'ciudadano elector'. En ocasiones subsidiado desde el poder para obtener su voto. Hay muchas formas de hacerlo. Ninguna legítima ni ética, pero todas eficaces. ¿Cómo si no se pueden explicar algunos resultados electorales?

Ustedes han ayudado a extender ése cáncer llamado corrupción a una gran parte de la sociedad, en lugar de optar por una didáctica que mostrara que la corrupción es un mal  social. Actuaban por su propio interés, pues así esperaban que la gente mostrarse comprensión en el caso de que sus propias actividades corruptas salieran a la luz. Buscaban un colchón de impunidad a costa de la "ignorancia del pueblo".

Y durante un tiempo les ha funcionado, pero ya no. Ha llegado la hora de que todos ustedes respondan ante la ley y el pueblo. La ley la administra la justicia, que es lenta, pero los ciudadanos, el pueblo, ya ha dictado sentencia; que coincidirá o no con la de los jueces, pero políticamente ya les ha juzgado.

Los ciudadanos dictarán su sentencia cuando depositen sus votos en las urnas. No queda mucho; sin embargo, las experiencias de tiempos recientes no ayudan a templar la justa indignación e impaciencia.

Si le dirijo esta carta a usted en lugar de al conjunto de todos ustedes, es porque considero que su partido, el PP, y usted en particular, como presidente del gobierno, del partido e incluso como persona, encarna lo peor de todo lo que he afirmado anteriormente.

Por mucho que haga constante alusión a "la herencia recibida" -pero no desconocida, no nos mienta- ha sido usted y su partido los que han tenido responsabilidades de gobierno desde finales de 2011.

Usted podía haber optado por otra forma de gobernar, pero eligió la más fácil para usted y sus amigos y la más difícil, dura y más dañina ha para su pueblo.

A usted no le gusta la política, ya lo sabemos, y como gestor es un ejemplo a no seguir, también lo sabemos, y que es indolente, por lo que no toma decisiones; pero también sabemos ahora es que es cobarde, no arriesga en la búsqueda de alternativas si alguien se lo da hecho, y ha usted se lo han dado hecho. La Sra. Merkel, la Comisión Europea, el BCE, el FMI y la OCDE le han dicho qué tenía que hacer para gobernar España y usted, desde su cobardía política, su indolencia y sus ideas neoliberales ha obedecido. Éso sí, sin pensar en los ciudadanos de este país.

Las dificultades que haya podido tener en su gobierno no han surgido de búsqueda de lo mejor para el pueblo español, sino de la adecuación de la gestión de su gobierno a los planes que le daban las fuentes que he mencionado.

Claro, que contaba con un instrumento esencial para llevar a cabo los cambios solicitados por sus socios. Tenía casi todo el poder territorial y mayorías absolutas en el Congreso y el Senado. Éste poder, utilizado de forma radical, como siempre ha hecho el PP, le otorgaba una gran ventaja práctica. Y para rematar, utiliza ése poder para hacerse con el control de todas, absolutamente todas las Instituciones del Estado, terminando así con uno de los pilares de la democracia, la separación de poderes. España es casi toda suya.

Desde ésa base, acabar con la educación pública, la sanidad pública, el empleo público, las dotaciones para la dependencia, el plan de I+D+i, la justicia gratuita y universal, y un largo etcétera en el que también incluyo una ley laboral que no solo no ha rebajado significativamente las cifras del desempleo, sino que lo ha llevado a un nivel tan precario que tener trabajo no significa salir de la pobreza ni poder afrontar con esperanza un futuro. Llevar a cabo todo eso es un plan fácil de realizar cuando se cuenta con tanto poder político como usted y su partido han llegado a acumular. Pero con ello ambos, que son uno, han demostrado lo poco que les importan los ciudadanos españoles.

Con usted al mando del gobierno su partido, el PP, se han asaltado las instituciones del estado, todas están a sus ordenes, las han convertido en instrumentos de su política, las han prostituido, han dejado de ser independientes del poder ejecutivo. Usted las controla todas. Hoy las instituciones del estado carecen de legitimidad y credibilidad.

Y no me diga que está legitimado porque fueron casi 12 millones de esos españoles los que les eligieron para gobernar por cuatro años. Su elección es legal, pero la legitimidad se gana o pierde con la acción diaria de gobierno, y ustedes la perdieron  de inmediato cuando tras ganar unas elecciones con un programa electoral a la medida de lo que sus votantes pedían, estando muy bien informados de que no podrían llevarlo a cabo, lo cambiaron por el que les impusieron desde Europa. No me traicionaron a mí, que nunca les he votado, traicionaron a los suyos, los que depositaron su confianza en el PP.

Con su gobierno y su partido, España se ha empobrecido y endeudado por varias generaciones. Con ustedes aumentó el paro, y siguieron destruyendose empresas. Hoy la tasa de cobertura por desempleo se sitúa cerca del 50%. Hoy, más de 1,8 millones de familias tienen a todos sus miembros sin trabajo.

Según la EPA del primer trimestre de 2015, se han destruido 114.100 empleos respecto al cuarto trimestre de 2014, y la tasa de población activa sigue descendiendo. Su respuesta a esta encuesta ha sido triunfalista. En una insólita aparición pública desde su despacho, dijo, sacando pecho, que los datos de la EPA eran muy buenos y confirmaban la recuperación económica, ya que el paro del primer trimestre de este año se había reducido en 13.100 personas respecto al cuarto trimestre del año anterior. En efecto, éso recogía la encuesta, que también añadía que el número de personas en paro se sitúa en 5.444.600, siendo la tasa de paro del 23,78%, siete décimas más que en el trimestre anterior.

¿Dónde encuentra usted los motivos para sentirse triunfalista? ¿En las perspectivas de subida del PIB para 2015? Y las personas, ¿qué pasa con ellas? ¿cuando van a repercutir en ellas esas perspectivas de crecimiento del PIB? ¿qué hacen mientras tanto?

Para usted, Sr. Rajoy, los españoles, los ciudadanos, son solo cifras, una variable más en su hoja de cálculo.

¿Qué? ¡Ah, ya! Que usted no siente empatía por las personas. Si, ya lo sabemos, pero como presidente del gobierno su obligación es cuidar por su bienestar, aunque no sienta empatía por nosotros. No le pedimos que nos quiera, sino que gestione el país en búsqueda de nuestro bienestar, si no sabe hacerlo debería irse ya.

Esos gestos triunfales no convencen ya ni a sus votantes, y si lo hace con algunos ¡allá ellos!, pero no nos joda a los demás.

Sus palabras y gestos de triunfo no consiguen cambiar la opinión de la mayoría de la ciudadanía, harta ya de sus mentiras, cobardía y desprecio por los ciudadanos de este país. Reforzada además por los constantes casos de corrupción de exvicepresidente, exministro, embajadores, diputados y cargos públicos del PP.

¿De verdad cree que los españoles no somos conscientes de que los pocos avances logrados en la economía no son fruto de su gestión, sino de cambios introducidos por factores externos como las actuaciones del BCE, el rescate bancario, la bajada del euro respecto al dólar estadounidense y la bajada del precio petróleo?

¿De verdad cree que tan solo la economía es el factor que tenemos en cuenta los ciudadanos a la hora de decidir nuestro voto?

Pues si es así, está muy equivocado Sr. Rajoy, los españoles también somos conscientes de la pérdida de libertades -ahí esta la ley mordaza-, de la injerencia ideológica en la educación, tanto en la reforma educativa como en la política en contra de la escuela pública y a favor de la concertada y privada, en su mayoría ramas de la Iglesia Católica; también en cuestiones que afectan al ámbito privado de los ciudadanos y ciudadanas de este país. En la forma de legislar, adecuando las leyes a la conveniencia de sus intereses espurios, bastardos, de su gobierno, partido y amigos.  

Usted sabe perfectamente que muchas de sus leyes están siendo estudiadas por organismos internacionales como ONU, CE, Tribunal de Estrasburgo, etc, porque es probable que estén en contradicción con el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Asimismo conoce la valoración que de su política económica, social y de libertades, han hecho diversos medios de comunicación internacionales de prestigio mundial, valoraciones todas muy críticas e incluso negativas. De todo esto estamos informados muchos españoles, pero usted no lo valora, no son razones para haber cambiado su forma de gobernar en esta legislatura.

Comprendo su posición, usted es solo un pequeño actor de un bloque de poder a nivel mundial, que está trabajando para cambiar el modelo económico-social existente hasta la llegada del neliberalismo de Thatcher y Regan y la caída del bloque soviético, por uno que se rige por un principio: la escasez de trabajo rebaja los costes salariales, el trasvase de recursos y doblega a los individuos. Es decir un mundo en el que una ínfima minoría de la humanidad posee casi el cien por cien de la riqueza y control de los recursos. El resto lucha por un trabajo con salario mísero, ésa lucha los divide y su control es fácil.

La excusa: el modelo anterior es insostenible. El estado del bienestar es una utopía. El mercado manda. Hay que volver a los principios del capitalismo.

¿Están convencidos de que no se repetirá la Historia? Un sistema similar se vino abajo hace poco más de dos siglos cuando el resto de individuos cobró conciencia de su poder. Deberían recordar que en aquella ocasión histórica rodaron muchas cabezas. No lo digo por la suya, todavía es pronto. No se dan las condiciones objetivas.

Sr. Rajoy, sigue confundiendo  ciudadanos con vasallos. A un pueblo en lucha que quiere echarle a usted y los suyos del poder, con un aborregado grupo de dirigentes del PP.

La ciudadanía de este país le niega la 'auctoritas' para seguir gobernando su destino.

Sr. Rajoy, los españoles estamos hartos de su 'desgobierno', de sus promesas incumplidas, de sus juegos malabares con las cifras, de sus constantes rectificaciones, de la falta de política en su gestión, de la carga de una ideología trasnochada en sus decisiones, de su desprecio por la opinión pública, de su falta de valor para presentarse cara a cara con los periodistas, de su incomparecencia ante la ciudadanía de este país -en un formato libre de cortapisas- para darle cuenta de su gestión, de su permanente cobardía frente a otros países para defender los intereses nacionales y algunas de las conquistas sociales y jurídicas que habíamos logrado como país soberano.

Por cierto, Sr. Rajoy, ya sé que hace mucho que se le ha olvidado, como a muchos otros miembros de la casta política, pero yo se lo recuerdo. Usted tiene, como le corresponde, el estatus y privilegios de Primer Ministro, pero no es otra cosa que un servidor público. Somos los españoles en conjunto los soberanos de este país, somos los sujetos a los que usted debería servir, pero usted, Sr. Rajoy no piensa en ello, solo piensa en mantenerse en el poder.

Pues bien, Sr. Rajoy, ya sabemos cómo nos sirve y por eso le decimos que no nos sirve. Coja el finiquito y no vuelva. Tampoco cometa la torpeza de pedirnos una carta de presentación, no le conviene.

Prepare sus cosas y deje libre el puesto a finales de noviembre.

Atentamente.

Un ciudadano español.


Majadahonda, 29 de abril de 2015.

Carta abierta al Sr. Rajoy

Sr. Rajoy.

Soy un ciudadano español harto de usted, de su partido y de todo lo que representan.

Soy un español que creyó que a partir del 79 este país había comenzado un cambio que poco a poco nos llevaría a una democracia plena.

Soy un español que vivió muchos años el franquismo, en el que, por su ausencia, aprendí el sentido de la palabra «Libertad». A ésta luego le siguieron muchas otras, todas relacionadas con los derechos humanos.

Pero ésa ilusión ha ido desapareciendo a medida que la acción política de los principales partidos de este país -PSOE y PP- ha derivado hacia una partitocracia de turnos que ha borrado las diferencias entre ambos, en la que los intereses de ambos se han puesto por delante de los de la ciudadanía, bien por su afán de mantener el poder para alimentar el ego y los sucios intereses personales de los respectivos dirigentes, así como los intereses clientelares de muchos de sus cargos públicos y de sus "amigos".

Este reproche lo comparten por igual PSOE y PP, y también algún otro partido del ámbito nacionalista, me refiero a CDC y UDC -CiU- y PNV, así como los sindicatos CC.OO. y UGT.

Tampoco excluyo de él a la máxima representación del Estado, la Monarquía Española, que ha dilapidado todo el crédito que llegó a poseer incluso entre algunos de los que nos definimos como republicanos.

Todos ustedes, de la mano de los plutócratas de este país, nos han traído al estado actual, contando con la colaboración de una ciudadanía  no educada para vigilar el comportamiento de sus políticos en defensa de la democracia; para reclamar transparencia en sus actuaciones. Solo educada para depositar su voto periódicamente. El perfecto 'ciudadano elector'. En ocasiones subsidiado desde el poder para obtener su voto. Hay muchas formas de hacerlo. Ninguna legítima ni ética, pero todas eficaces. ¿Cómo si no se pueden explicar algunos resultados electorales?

Ustedes han ayudado a extender ése cáncer llamado corrupción a una gran parte de la sociedad, en lugar de optar por una didáctica que mostrara que la corrupción es un mal  social. Actuaban por su propio interés, pues así esperaban que la gente mostrarse comprensión en el caso de que sus propias actividades corruptas salieran a la luz. Buscaban un colchón de impunidad a costa de la "ignorancia del pueblo".

Y durante un tiempo les ha funcionado, pero ya no. Ha llegado la hora de que todos ustedes respondan ante la ley y el pueblo. La ley la administra la justicia, que es lenta, pero los ciudadanos, el pueblo, ya ha dictado sentencia; que coincidirá o no con la de los jueces, pero políticamente ya les ha juzgado.

Los ciudadanos dictarán su sentencia cuando depositen sus votos en las urnas. No queda mucho; sin embargo, las experiencias de tiempos recientes no ayudan a templar la justa indignación e impaciencia.

Si le dirijo esta carta a usted en lugar de al conjunto de todos ustedes, es porque considero que su partido, el PP, y usted en particular, como presidente del gobierno, del partido e incluso como persona, encarna lo peor de todo lo que he afirmado anteriormente.

Por mucho que haga constante alusión a "la herencia recibida" -pero no desconocida, no nos mienta- ha sido usted y su partido los que han tenido responsabilidades de gobierno desde finales de 2011.

Usted podía haber optado por otra forma de gobernar, pero eligió la más fácil para usted y sus amigos y la más difícil, dura y más dañina ha para su pueblo.

A usted no le gusta la política, ya lo sabemos, y como gestor es un ejemplo a no seguir, también lo sabemos, y que es indolente, por lo que no toma decisiones; pero también sabemos ahora es que es cobarde, no arriesga en la búsqueda de alternativas si alguien se lo da hecho, y ha usted se lo han dado hecho. La Sra. Merkel, la Comisión Europea, el BCE, el FMI y la OCDE le han dicho qué tenía que hacer para gobernar España y usted, desde su cobardía política, su indolencia y sus ideas neoliberales ha obedecido. Éso sí, sin pensar en los ciudadanos de este país.

Las dificultades que haya podido tener en su gobierno no han surgido de búsqueda de lo mejor para el pueblo español, sino de la adecuación de la gestión de su gobierno a los planes que le daban las fuentes que he mencionado.

Claro, que contaba con un instrumento esencial para llevar a cabo los cambios solicitados por sus socios. Tenía casi todo el poder territorial y mayorías absolutas en el Congreso y el Senado. Éste poder, utilizado de forma radical, como siempre ha hecho el PP, le otorgaba una gran ventaja práctica. Y para rematar, utiliza ése poder para hacerse con el control de todas, absolutamente todas las Instituciones del Estado, terminando así con uno de los pilares de la democracia, la separación de poderes. España es casi toda suya.

Desde ésa base, acabar con la educación pública, la sanidad pública, el empleo público, las dotaciones para la dependencia, el plan de I+D+i, la justicia gratuita y universal, y un largo etcétera en el que también incluyo una ley laboral que no solo no ha rebajado significativamente las cifras del desempleo, sino que lo ha llevado a un nivel tan precario que tener trabajo no significa salir de la pobreza ni poder afrontar con esperanza un futuro. Llevar a cabo todo eso es un plan fácil de realizar cuando se cuenta con tanto poder político como usted y su partido han llegado a acumular. Pero con ello ambos, que son uno, han demostrado lo poco que les importan los ciudadanos españoles.

Con usted al mando del gobierno su partido, el PP, se han asaltado las instituciones del estado, todas están a sus ordenes, las han convertido en instrumentos de su política, las han prostituido, han dejado de ser independientes del poder ejecutivo. Usted las controla todas. Hoy las instituciones del estado carecen de legitimidad y credibilidad.

Y no me diga que está legitimado porque fueron casi 12 millones de esos españoles los que les eligieron para gobernar por cuatro años. Su elección es legal, pero la legitimidad se gana o pierde con la acción diaria de gobierno, y ustedes la perdieron  de inmediato cuando tras ganar unas elecciones con un programa electoral a la medida de lo que sus votantes pedían, estando muy bien informados de que no podrían llevarlo a cabo, lo cambiaron por el que les impusieron desde Europa. No me traicionaron a mí, que nunca les he votado, traicionaron a los suyos, los que depositaron su confianza en el PP.

Con su gobierno y su partido, España se ha empobrecido y endeudado por varias generaciones. Con ustedes aumentó el paro, y siguieron destruyendose empresas. Hoy la tasa de cobertura por desempleo se sitúa cerca del 50%. Hoy, más de 1,8 millones de familias tienen a todos sus miembros sin trabajo.

Según la EPA del primer trimestre de 2015, se han destruido 114.100 empleos respecto al cuarto trimestre de 2014, y la tasa de población activa sigue descendiendo. Su respuesta a esta encuesta ha sido triunfalista. En una insólita aparición pública desde su despacho, dijo, sacando pecho, que los datos de la EPA eran muy buenos y confirmaban la recuperación económica, ya que el paro del primer trimestre de este año se había reducido en 13.100 personas respecto al cuarto trimestre del año anterior. En efecto, éso recogía la encuesta, que también añadía que el número de personas en paro se sitúa en 5.444.600, siendo la tasa de paro del 23,78%, siete décimas más que en el trimestre anterior.

¿Dónde encuentra usted los motivos para sentirse triunfalista? ¿En las perspectivas de subida del PIB para 2015? Y las personas, ¿qué pasa con ellas? ¿cuando van a repercutir en ellas esas perspectivas de crecimiento del PIB? ¿qué hacen mientras tanto?

Para usted, Sr. Rajoy, los españoles, los ciudadanos, son solo cifras, una variable más en su hoja de cálculo.

¿Qué? ¡Ah, ya! Que usted no siente empatía por las personas. Si, ya lo sabemos, pero como presidente del gobierno su obligación es cuidar por su bienestar, aunque no sienta empatía por nosotros. No le pedimos que nos quiera, sino que gestione el país en búsqueda de nuestro bienestar, si no sabe hacerlo debería irse ya.

Esos gestos triunfales no convencen ya ni a sus votantes, y si lo hace con algunos ¡allá ellos!, pero no nos joda a los demás.

Sus palabras y gestos de triunfo no consiguen cambiar la opinión de la mayoría de la ciudadanía, harta ya de sus mentiras, cobardía y desprecio por los ciudadanos de este país. Reforzada además por los constantes casos de corrupción de exvicepresidente, exministro, embajadores, diputados y cargos públicos del PP.

¿De verdad cree que los españoles no somos conscientes de que los pocos avances logrados en la economía no son fruto de su gestión, sino de cambios introducidos por factores externos como las actuaciones del BCE, el rescate bancario, la bajada del euro respecto al dólar estadounidense y la bajada del precio petróleo?

¿De verdad cree que tan solo la economía es el factor que tenemos en cuenta los ciudadanos a la hora de decidir nuestro voto?

Pues si es así, está muy equivocado Sr. Rajoy, los españoles también somos conscientes de la pérdida de libertades -ahí esta la ley mordaza-, de la injerencia ideológica en la educación, tanto en la reforma educativa como en la política en contra de la escuela pública y a favor de la concertada y privada, en su mayoría ramas de la Iglesia Católica; también en cuestiones que afectan al ámbito privado de los ciudadanos y ciudadanas de este país. En la forma de legislar, adecuando las leyes a la conveniencia de sus intereses espurios, bastardos, de su gobierno, partido y amigos.

Usted sabe perfectamente que muchas de sus leyes están siendo estudiadas por organismos internacionales como ONU, CE, Tribunal de Estrasburgo, etc, porque es probable que estén en contradicción con el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Asimismo conoce la valoración que de su política económica, social y de libertades, han hecho diversos medios de comunicación internacionales de prestigio mundial, valoraciones todas muy críticas e incluso negativas. De todo esto estamos informados muchos españoles, pero usted no lo valora, no son razones para haber cambiado su forma de gobernar en esta legislatura.

Comprendo su posición, usted es solo un pequeño actor de un bloque de poder a nivel mundial, que está trabajando para cambiar el modelo económico-social existente hasta la llegada del neliberalismo de Thatcher y Regan y la caída del bloque soviético, por uno que se rige por un principio: la escasez de trabajo rebaja los costes salariales, el trasvase de recursos y doblega a los individuos. Es decir un mundo en el que una ínfima minoría de la humanidad posee casi el cien por cien de la riqueza y control de los recursos. El resto lucha por un trabajo con salario mísero, ésa lucha los divide y su control es fácil.

La excusa: el modelo anterior es insostenible. El estado del bienestar es una utopía. El mercado manda. Hay que volver a los principios del capitalismo.

¿Están convencidos de que no se repetirá la Historia? Un sistema similar se vino abajo hace poco más de dos siglos cuando el resto de individuos cobró conciencia de su poder. Deberían recordar que en aquella ocasión histórica rodaron muchas cabezas. No lo digo por la suya, todavía es pronto. No se dan las condiciones objetivas.

Sr. Rajoy, sigue confundiendo  ciudadanos con vasallos. A un pueblo en lucha que quiere echarle a usted y los suyos del poder, con un aborregado grupo de dirigentes del PP.

La ciudadanía de este país le niega la 'auctoritas' para seguir gobernando su destino.

Sr. Rajoy, los españoles estamos hartos de su 'desgobierno', de sus promesas incumplidas, de sus juegos malabares con las cifras, de sus constantes rectificaciones, de la falta de política en su gestión, de la carga de una ideología trasnochada en sus decisiones, de su desprecio por la opinión pública, de su falta de valor para presentarse cara a cara con los periodistas, de su incomparecencia ante la ciudadanía de este país -en un formato libre de cortapisas- para darle cuenta de su gestión, de su permanente cobardía frente a otros países para defender los intereses nacionales y algunas de las conquistas sociales y jurídicas que habíamos logrado como país soberano.

Por cierto, Sr. Rajoy, ya sé que hace mucho que se le ha olvidado, como a muchos otros miembros de la casta política, pero yo se lo recuerdo. Usted tiene, como le corresponde, el estatus y privilegios de Primer Ministro, pero no es otra cosa que un servidor público. Somos los españoles en conjunto los soberanos de este país, somos los sujetos a los que usted debería servir, pero usted, Sr. Rajoy no piensa en ello, solo piensa en mantenerse en el poder.

Pues bien, Sr. Rajoy, ya sabemos cómo nos sirve y por eso le decimos que no nos sirve. Coja el finiquito y no vuelva. Tampoco cometa la torpeza de pedirnos una carta de presentación, no le conviene.

Prepare sus cosas y deje libre el puesto a finales de noviembre.

Atentamente.

Un ciudadano español.


Majadahonda, 29 de abril de 2015.

Rajoy, el PP y el Consejo Nacional del Movimiento

Rajoy ante las elecciones: Estupefacto

Prietas las filas,

recias, marciales,

nuestra escuadras van 

cara al mañana 

que nos promete

Patria, Justicia y Pan.

Así comenzaba el himno del Frente Nacional de Juventudes. Toda una alabanza a la unidad y obediencia al líder, el que señala los objetivos y traza la estrategia. El único conocedor de qué es lo mejor para la patria.

Dicen las malas lenguas que con ésta canción terminó ayer, la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP.

Curiosa reunión; desde el principio estuvo preñada de echos que sorprenden.

A mí, la reunión me ha recordado, en su liturgia, a las del Consejo Nacional del Movimiento, cuando acudía Franco.
Franco hablaba, después aplausos

La convocatoria tuvo lugar el pasado 1 de abril, miércoles santo, para el 7 de abril, martes de pascua. Su objetivo: «El presidente convoca el martes a la Junta Directiva Nacional para revisar sus políticas de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales».

Pero en realidad:
¿Por qué su convocatoria, su necesidad?:
Por el fracaso de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional celebrada el pasado 23 de marzo, tras las elecciones andaluzas, al que no asistieron la mayoría de los barones territoriales del PP, y en el que el propio Rajoy, al final de su discurso y ante la ausencia de intervenciones, llegó a decir "¡Que hable alguien!".

¿Por qué su urgencia?:
Por la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales convocadas para el 24 de mayo, y en buena parte por lo anterior, el fracaso rotundo de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del 23 de marzo, día siguiente a las elecciones andaluzas.

También, por el creciente  descontento que existente en diversos sectores del PP, en particular entre los barones y candidatos a las elecciones del próximo 24 mayo, por el rumbo adoptado por Rajoy al apostar todos los argumentos electorales a la mejora económica, -según él la percibe, pero no la ciudadanía-. Con esta decisión, Rajoy, una vez más, descarta la política del debate electoral.

Debemos tener en cuenta que los resultados que logre cada partido el 24 de mayo, van a tener una gran trascendencia de cara a las elecciones generales, que se celebrarán, probablemente, a finales de noviembre. Alguno de los que se perfilan candidatos para esas elecciones, podría no serlo, incluso alguno de los partidos en liza podría desaparecer. De modo que las elecciones autonómicas y municipales de mayo son una especie de primera vuelta de cara a las generales.

Por otro lado, en clave interna, algunos han especulado, interesadamente, sobre las decisiones que podrían surgir de ésa reunión; descartado un cambio de rumbo en el argumentario electoral, las especulaciones se centraban en un posible relevo de Cospedal al frente de la Secretaría General del partido. Es sabido que dirigentes populares reclaman una persona liberada al frente del partido, y no como Cospedal, que está compatibilizando sus funciones en el partido con la Presidencia de la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Quienes hablaban de ésa posibilidad o desconocen el talante de Rajoy o pretendían crear las condiciones para que dicho relevo tuviera lugar. Son conocidos los enfrentamientos existentes entre Cospedal, de una parte y Arenas y Sáenz de Santamaría, por otra.

De echo, al encuentro se ha llegado después de una Semana Santa en la que se han cruzado declaraciones y  comentarios entre fuentes del partido descontentas con el rumbo de la  formación y afines a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, que han defendido su labor públicamente. El telón de fondo,  el batacazo electoral en Andalucía y el supuesto enfrentamiento entre  sectores del partido por el rumbo de la formación.

A la reunión acudieron la mayoría de los convocados. Tras la preceptivas intervenciones de la Secretaria General, María Dolores de Cospedal,  y del ViceSecretario General de Organización, Carlos Floriano, tomó la palabra el Presidente del Partido, Mariano Rajoy, que agradeció el esfuerzo de todos y en concreto a Cospedal, con éstas palabras:
«Quiero agradecer a la secretaria general su trabajo, que ha tenido que lidiar con momentos muy difíciles...».
Con lo que dejó zanjas las especulaciones sobre su relevo.

En su esperado discurso ante los casi 600 miembros presentes de la Junta Directiva Nacional, prometió éste “corregir errores” políticos para tratar de tranquilizar a los barones territoriales y candidatos de su partido, que durante la última semana han exigido, en público y en privado, un cambio de rumbo en la dirección que evite otro desastre comparable al de Andalucía, en las elecciones de mayo.

Sin embargo, cuando Rajoy concretó, su discurso seguía siendo el mismo, siguió apoyándose en la recuperación económica y en recalcar el esfuerzo que todos deberían hacer para que el mensaje llegue al ciudadano, «que ya lo está comenzando a percibir» (¿?).

Por lo demás, lo único que me parece resaltable de su discurso, fue su alusión a no olvidar la pertenencia al PP, en referencia a los que tratan de mostrar una postura distante de la de Génova:
«quiero deciros que los que estamos aquí somos miembros del PP y vamos a ir en las listas del Partido Popular... Llevo aquí toda mi vida activa, y este partido nos ha dado mucho, a mí muchísimo. Y este partido y esta sigla de PP es la que nos va a hacer ganar de nuevo las elecciones».

Y, por otra parte, la reafirmación de la unidad dentro del PP:
«Este no es el partido de una persona, con su personalidad, forma de ser, sus creencias, su particular manera de entender la política. No voy a hacer un llamamiento a la unidad porque este es un partido unido. Lo único que vengo a pediros es un nuevo esfuerzo por España. Yo lo voy a hacer, y sé que vosotros también. No nos jugamos una victoria más o menos, sino salir definitivamente de la crisis, la estabilidad y seguridad de la nación».

La identificación del PP con el futuro de España fue constante a lo largo de su intervención.

La única autocrítica que realizó está contenida en las siguientes palabras:
«Nos dirán con razón que les hemos defraudado en cosas, nos recriminarán con razón por los casos de corrupción y les diremos que estamos tan abochornados como ellos por los casos que hemos conocido, no estábamos a salvo de esas conductas reprobables, pero podremos decir que no hay impunidad y hemos hecho reformas para atajar esos comportamientos...».

El resto fueron arengas y autocomplaciencia.

Tras el discurso de Rajoy, ninguno de los miembros del máximo órgano de decisión entre Congresos, tomó la palabra para formular una pregunta o  expresar su opinión. Todos se limitaron a aplaudir. A continuación abandonaron la sala ordenadamente.

Igual ocurría en las reuniones del Consejo Nacional del Movimiento presididas por Franco.

El académico José María Pemán, afecto al régimen, decía del Consejo Nacional del Movimiento, con su gracejo gaditano lo siguiente:
 «Es un órgano colegiado que se reúne de vez en cuando para escuchar lo que dice el aconsejado».
¿Acaso no es esto lo que ha hecho la Junta Directiva Nacional del PP, en la reunión del martes?

Esta tensión tiene convulso al PP; la falta de autocrítica pública y privada, el silencio en las reuniones de sus órganos de dirección, es consecuencia de un concepto que arrastra el partido desde su origen. Su estructura es presidencialista y el presidente del partido utiliza su poder de manera absolutista porque así está previsto en los estatutos. En realidad es el "líder" el "caudillo" de toda la organización. Lo decide todo con mano dura en pos de la unidad del partido. Suya es la última palabra. Él pone y quita a los cargos del partido, y a los candidatos a cargos públicos. Nadie le contradice, y el que lo intenta pone en peligro su futuro político. En definitiva, se prima "la obediencia ciega al líder"

Hoy ése cargo lo ostenta Mariano Rajoy y le viene muy grande. A diferencia de Manuel Fraga o José María Aznar, no tiene su carácter fuerte y resolutivo. Lo suyo es dejar que los problemas se resuelvan solos o que se pudran. Sus tiempos no se corresponden con los tiempos de la  dinámica de la política actual. Por eso va siempre arrastras de los acontecimientos, tanto en política interior como exterior. Actúa al mandato de las ideas e iniciativas de otros, aunque siempre se arrogue el éxito y calle ante el fracaso. Políticamente hablando es cobarde.
De echo, no le gusta la política ni sabe moverse en ella.

Salvo Antonio Hernández Mancha,  en tiempos de AP, no ha habido otro presidente del partido conservador español que haya sido más cuestionado, ni tampoco que haya acumulado tanto poder. Un patrimonio que está muy cerca de perder.

Pasados unos días, se demuestra la inutilidad de la reunión. Nada ha cambiado, los enfrentamientos y desplantes entre las diferentes corrientes del PP continúan. Los barones territoriales comienzan sus respectivas precampañas electorales evitando las referencias al partido, y sus símbolos están ausentes en los anuncios de la precampaña. Ninguno, al menos de momento, sigue las instrucciones que Rajoy planteó en la reunión del martes. Tienen mucho miedo a perder su feudo. Son conscientes de que ésa posibilidad tiene una alta probabilidad de convertirse en realidad.

Miguel Ángel Aguilar, había escrito ése mismo día, 7 de abril, en su columna en El País, bajo el título "Hasta la derrota final" el siguiente párrafo:
«Que en el último comité ejecutivo, tras la derrota electoral de Andalucía, todos guardaran silencio es revelador de un ambiente donde preguntar ofende, opinar descalifica y solo el asentimiento lanar es garantía de progreso».

Y terminaba diciendo, a modo de pronóstico :
«Todo indica que estamos en vísperas de una nueva migración de la derecha, que jugó al progresismo con la UCD, quiso volver por sus privilegios con AP, intentó el vale todo con el PP y ahora, insostenibles las gaviotas, podría anidar bajo otro logo».



Majadahonda, 11 de abril de 2015.

Los pantalones del Sr. Rajoy

El Gobierno del PP sigue sin respetar la Constitución. Incumple con la libertad de expresión y la libertad de prensa; para ello fuerza a las empresas de medios de comunicación a expulsar a aquellos profesionales que le son incómodos por adoptar una posición crítica con su política y sus mentiras, y las empresas tragan, aceptan su presión por razones económicas. Ahora ha sido Jesús Cintora, pero antes muchos otros han sufrido lo mismo. Ahí están Carlos E. Cué, Yolanda Álvarez como ejemplos más recientes. En el caso de Yolanda, corresponsal de TVE en Gaza, el Gobierno del PP se ha bajado los pantalones ante las presiones del Estado de Israel; igual que en otro caso distinto, en su día se los bajó ante el Gobierno de China y suprimió la Justicia Universal.

Dos cosas quedan muy claras:

1) El gobierno del PP gobierna bajo mandato de países extranjeros, y no por el mandato que le dieron sus votantes en las urnas. Ése error no debería repetirse.

2) El Sr. Rajoy se baja con gusto los pantalones en cuanto alguien se lo pide. Pero esto ya lo sabíamos.


Majadahonda, 30 de marzo de 2015

Yo quiero un país...

Este artículo surge en mi mente y en mi corazón, al confirmar una noticia: Carlos E. Cué, pronto se irá a Buenos Aires como corresponsal de El País.

Uno de los mejores periodistas reporteros de España, especializado en temas de actualidad relacionados con el PP, tiene que abandonar su actual puesto por una decisión de la dirección de El País impuesta por el gobierno del PP, que no quiere que Carlos Elordi Cué siga haciendo preguntas incómodas a sus portavoces.

La libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia.

Así la entiende el PP, así se vende al poder político vigente un periódico de tirada nacional y que ha tenido prestigio internacional, una publicación que hasta no hace mucho era un referente de ciudadanos de centro, progresistas e independientes.

No es un ejemplo único; hay más. De hecho hoy día todos los medios de comunicación soportan las presiones del gobierno del PP. Todos por un mismo motivo, su mala situación económica y el miedo a perder la publicidad institucional.

Pero es un ejemplo paradigmático de cómo la crisis económica de un medio de comunicación, lo pone al pie de los caballos de un gobierno que no sabe gobernar en democracia, por eso el PP necesita las mayorías absolutas.

Cuando el PP argumenta que es necesaria una estabilidad política para transmitir confianza a los agentes económicos y financieros para salir de la crisis, lo que quiere decir es "o yo o esto se va a la mierda, porque yo no voy a colaborar con nadie".

Y "yo" significa "gobiernos de mayoría absoluta", en términos de ciencia política: Gobierno de Partido Único Dominante. Porque el PP no puede -porque no sabe- gobernar en minoría, es incapaz de llegar a acuerdos, quiere todo el poder para él. Solo puede gobernar desde el poder absoluto, y eso no es democracia.

Es más de lo mismo. Históricamente la derecha española se ha considerado la única opción política legitimada para ejercer el poder, mediante la imposición de la máxima de "ley y orden".

El PP, y lo que representa, no es consciente de los cambios que el paso del tiempo ha traído a la sociedad. De hecho no reconoce, porque no tiene capacidad o interés en hacerlo, que la sociedad española ha cambiado profundamente, que el tiempo del posfranquismo, surgido de la transición, ha terminado, que los anhelos y exigencias legítimas de la sociedad española de hoy no son las de 1978.

Una de mis mayores preocupaciones, es que con un PP como el actual, enrocado en sus posiciones fundamentalistas, no será posible abordar a corto o medio plazo, los cambios que son necesarios en nuestro país, en su sistema político e institucional.

¿Es esto lo que queremos para el futuro inmediato?

Yo no, desde luego.

Yo quiero un país basado en el humanismo secular, entendido como integración de los valores humanos bajo una ética que rechaza los dogmas de todo tipo; que busca, mediante la discusión racional, la experiencia, y la responsabilidad individual, mejorar el bienestar humano. Un humanismo que en su aspecto social busca la libertad, igualdad, solidaridad y pericia en la gestión de la comunidad.

Yo quiero un país que adopte como forma de estado la república y la democracia como forma de gobierno; y que haga propios los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por eso:
»Yo quiero una reforma de la Constitución Española de 1978, que fue pactada en unos tiempos y circunstancias que nada tienen que ver con las actuales, por lo que no se ajusta a la sociedad de hoy ni a sus necesidades, circunstancias y aspiraciones.
»Yo quiero un país cuya forma de estado sea la república.
»Yo quiero un país de democracia real y plena.
»Yo quiero un país que respete los derechos humanos.
»Yo quiero un país que viva en paz y armonía con el resto de países del mundo.
»Yo quiero un país que colabore activamente en la ayuda al desarrollo de aquellos pueblos del mundo que lo necesiten.
»Yo quiero un país en el que los ciudadanos sepan defender su dignidad mediante el ejercicio de sus derechos y obligaciones; y, asimismo manteniéndose vigilantes del cumplimiento de las obligaciones de  las instituciones.
»Yo quiero un país en el que la división de poderes sea una realidad contrastable.
»Yo quiero un país de libertades y en el que la justicia sea independiente, universal y gratuita para aquellos que carecen de recursos económicos.
»Yo quiero un país en el que la libertad de expresión, individual, colectiva y de los medios de comunicación, no dependa más que de la aplicación del Código Penal, y no de la voluntad de un gobierno.
»Yo quiero una sociedad en la que la igualdad entre hombres y mujeres sea real en todos sus aspectos.
»Yo quiero un país en el que la mujer sea única dueña de sus decisiones  en lo que respecta a la contracepción, con especial referencia al aborto.
»Yo quiero un país en el que la laicidad esté consagrada por la Constitución, y garantizada por los tribunales.
»Yo quiero un país en el que los servicios esenciales de sanidad y educación sean universales, gratuitos  y públicos.
»Yo quiero un país que ame y cuide de sus niños, evitando el riesgo de la pobreza infantil.
»Yo quiero un país que no abandone a sus ancianos, referencia necesaria del pasado inmediato.
»Yo quiero un país que no abandone a los discapacitados ni a sus cuidadores.
»Yo quiero un país en el que la memoria histórica no sea el relato de unos, sino de todos.
»Yo quiero un país con un gobierno del pueblo y para el pueblo, con valentía y capacidad para hacer frente al poder financiero global, porque ése gobierno contará con el apoyo del pueblo.
»Yo quiero un país en el que la dación en pago liquide la deuda hipotecaria, en el que no se produzcan desahucios de familias con hijos menores a su cargo, ni de ancianos en la pobreza; en el que exista, por ley, una moratoria invernal para todo tipo de desahucios y se elimine la pobreza energética.
»Yo quiero un país en el exista una ley de "segunda oportunidad", sin requisitos que imposibiliten a los individuos o familias afectadas a recurrir a ella.
»Yo quiero un país en el que la igualdad de oportunidades sea real.
»Yo quiero un país en el que la fiscalidad sea más progresiva y los ricos y las empresas no tengan facilidad para defraudar; en el que ricos y empresas cumplan con el papel social que les es legítimamente exigible.
»Yo quiero un país en el que la lucha contra el fraude fiscal no se limite a perseguir al pequeño defraudador, sino a las grandes empresas y grandes fortunas, y que excluya la amnistía fiscal como un instrumento de recaudación.
»Yo quiero un país sin corrupción, para lo que es preciso una intervención previa de los gastos públicos, un control estricto de la contratación pública, un Tribunal de Cuentas ágil y, sobretodo, la implementación de una cultura cívica, desde la escuela, que rechace ésas prácticas que tanto daño hacen a la sociedad.
»Yo quiero un país en el que el conocimiento y el mérito contrastados sean las razones para ocupar puestos de responsabilidad pública.
»Yo quiero un país en el que sea exigible, por delante de toda consideración, la honorabilidad de los representantes del pueblo, cargos públicos y otros servidores públicos.
»Yo quiero un país en el que la transparencia de las instituciones y sus miembros sea total, y fácilmente accesible.
»Yo quiero un país en el que se alcance un pacto de estado sobre la educación.
»Yo quiero un país en el que se fomente el conocimiento humanístico
»Yo quiero un país que base su desarrollo en el conocimiento científico, tecnológico y en la innovación.
»Yo quiero un país en el que se cuide y fomente la cultura.
»Yo quiero un país en el que se respete el medioambiente y se apueste por las energías renovables.
»Yo quiero un país...

Yo quiero que España salga del pasado y se integre en el presente, que sea un país homologable con los de su entorno en todos los aspectos, con una mirada al futuro en la que quepa la esperanza y la dignidad de su pueblo.

Por eso, en este año electoral, cuando analizo las decisiones del gobierno, de su partido, así como las de las demás fuerzas políticas, me repito a mi mismo, y repito a mis amigos de twitter, esta pregunta que ahora os propongo:

¡Examina, piensa y elige, tú o ellos!


Majadahonda, 10 de marzo de 2015

Un día necesario: El Día Internacional de la Mujer

A propósito del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer.

Este día conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.


Es un día que no debería existir, pero existe porque en la Historia, y aún hoy, hay una brecha de género entre las mujeres y los hombres que lejos de cerrarse se amplía cada vez más. Esto ocurre en todos los aspectos de la vida, siendo el más evidente y trágico el de la violencia machista. Pero también ocurre en los salarios, en la escasa presencia de la mujer en órganos de decisión, en altos cargos de la carrera judicial, en órganos de poder, incluso en el hogar.

Es uno de esos días que no deberían existir, porque parece que todo lo relativo al sujeto de la conmemoración se centra en ése día, cuando es una categoría en la que debemos estar pensando todos los días, y luchando por ella.

Pero es un día necesario, por su carácter reivindicativo, por ser una llamada a todos -personas, gobiernos, instituciones, empresas, corporaciones- para recordarnos de que la sociedad tiene un débito por cumplir.

Por eso es necesario.


Majadahonda, 7 de marzo de 2015

Las amenazas sobre Grecia y algunas reflexiones sobre Europa

Wolfgang Schäuble, ministro de finanzas alemán, afirmó el lunes a una radio de su país:
«Siento mucho que los griegos hayan elegido a un gobierno "que se comporta de manera bastante irresponsable"».

Éstas palabras encierran una amenaza, ni siquiera matizada, que pende sobre el futuro inmediato de Grecia.

¿Es así como Alemania entiende el exigible respeto al ejercicio democrático del voto en los estados miembros de la UE?

¿Va a seguir pretendiendo dirigir los procesos electorales de los países del sur de Europa?

¿Es esta la Alemania que lidera la UE con la colaboración de una parte de los estados miembros?

Recuerdo la frase que afirma «No hay que alemanizar Europa, sino europeizar Alemania». ¡Cuánto de verdad encierra!

O el conjunto de los estados miembros de la UE asumen la diversidad de Europa, o la UE no pasará de ser un mercado común a ser una entidad política con peso propio en el contexto mundial.


Sabemos que Merkel trató de evitar que los griegos terminaran por votar mayoritariamente a Syriza; incluso promovió que Rajoy fuera al país heleno para apoyar a Samaras, líder de Nueva Democracia y primer ministro saliente. Uno de los responsables de la situación política y económica actual de Grecia, pero sumiso a los mandatos de la "troika", es decir de la política que Merkel quiere imponer en la Eurozona; no solo en lo económico-social sino en lo ideológico.

Un intento de intervención en la política interna de Grecia no basado en afinidades ideológicas, sino en intereses económicos.

Frustrado el intento, ante el deseo, libre y claramente expresado en las urnas por los ciudadanos griegos, ahora de lo que se trata es de ahogar la soberanía nacional griega, mediante la imposición de un ultimátum -que comenzó con una amenaza del BCE- a las nuevas autoridades para que acepten un nuevo rescate financiero, que supondría un aumento de su deuda soberana y la continuación de las imposiciones dictadas desde la Comisión Europea, el BCE y el FMI. Todo ello bajo la batuta del gobierno alemán.

Repasando la Historia, esta actitud de Alemania, y del Eurogrupo,   recuerda la llamada "política de las cañoneras" que ejercieron las grandes potencias a finales del siglo XIX y hasta la primera guerra mundial, pero en versión económica.

Hoy por hoy, las autoridades griegas se niegan a aceptar el ultimátum, ya que de hacerlo, quebrantarían su programa electoral y, por tanto, los deseos de sus votantes y la confianza que depositaron en Syriza.

Es cierto que la pertenencia a la UE supone una cesión, cada vez mayor, de la soberanía de los estados, pero no hasta el punto de llegar a la intromisión en sus procesos electorales internos.

Si como resultado de uno de esos procesos, el nuevo gobierno, legítimamente elegido, replantea una cuestión, como en este caso, económica, debe ser escuchado y tratar de lograr acuerdos, no lanzarle un ultimátum, que lo que realmente significa es un intento de reconducir, a favor de parte, la voluntad democráticamente expresada por un pueblo.

En este pulso, están en juego muchas cosas, entre ellas y la más importante, quebrantar el deseo de un pueblo soberano -me refiero al griego-, que ha sido muy duramente dañado por la persistencia de una política de austeridad que se ha demostrado, hasta la náusea, incapaz de mejorar la situación económica de los países en los que se ha aplicado. Que solo ha servido para aumentar la desigualdad social y arrojar a la pobreza a los más necesitados, así como a amplias capas de la clase media.

Otra de las cosas que están en juego, y muy importante, es el miedo al florecimiento de nuevos partidos, que como Syriza en Grecia, y Podemos en España, logren alcanzar el poder, constituyendo a nivel europeo una alternativa real de gobierno frente a los partidos políticos tradicionales, que en toda Europa han fracasado en la gestión de la crisis económica.

Sea por seguir a ultranza con el rigor de un modelo económico, sea por el temor a la aparición de nuevas fuerzas que ponen en cuestión una forma de hacer política, la UE debe respetar las decisiones de los ciudadanos de sus estados miembros en todos los casos, incluso si lo que se propone es la salida de la UE.

Europa sigue siendo una unión de carácter económico y, lamentablemente, no una unidad política, no una unidad de los pueblos de Europa. Domina lo económico por encima de lo político y lo social. Por tanto, la cesión de soberanía tiene mayor carga económica que política y los estados siguen siendo esencialmente soberanos, soberanía que reside en sus respectivos pueblos.

Ningún estado de la UE, por mucho que lidere económicamente ése espacio geopolítico y por mucho que haya contribuido a su consecución, tiene derecho a inmiscuirse o críticar, a través de sus dirigentes gubernamentales, los procesos y resultados electorales de cualquier otro estado miembro; mucho menos  llegar a "amenazar" con medidas económicas por el echo de que no les gusten dichos resultados.

Los nuevos modelos políticos, como Syriza y Podemos, se ha abierto paso con fuerza en los países del sur de Europa, los más castigados. Quizá ésa nueva forma de hacer política, mediante un modelo transversal de participación ciudadana, obligue a reformular la política de los estados para el siglo XXI.

Algún ajuste habrá que hacer para afrontar la realidad de que vivimos en un mundo nuevo, en el que la intercomunicación, el flujo de información, la economía y los desplazamientos de los individuos, no solo se globalizan, sino que se producen a gran velocidad, desbordando los viejos modelos sociales.

Si Europa no reflexiona al respecto y persiste en modelos políticos agotados, y no renueva su apuesta por lo social, que ha sido su sello de identidad desde el final de la segunda guerra mundial, estará abocada al fracaso respecto a su largo e intenso esfuerzo por formar una entidad propia merecedora de ser considerada una potencia política, económica y militar, fuerte en el contexto de un mundo global.

Una potencia que aporte su larga experiencia y trayectoria en pos de la civilización, con sus errores y éxitos. Pero cuna de una cultura, en su sentido más amplio, que hoy es seguida por miles de millones de personas, y en algunas de sus expresiones -arte, creación, ciencia, tecnología- admirada y utilizada por casi todos los habitantes del planeta.


Majadahonda, 18 de febrero de 2015

Primero justicia social, después caridad

Vivimos en un país en el que la desigualdad social ha aumentado en los últimos siete años de forma obscena. ¿Qué razón hay para ésto?

Las veinte personas más ricas en España poseen una fortuna similar a los ingresos del 30 por ciento más pobre de la población (casi 14 millones de personas), según un informe de la ONG Oxfam.

Un 20,4% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, uno de cada cinco habitantes de este país. Si nos referimos a los menores de 16 años se eleva hasta el 26,7%, lo que indica que más de uno de cada cuatro niños residentes en España está en riesgo de pobreza, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el porcentaje de la población española que vive en riesgo de pobreza (20,4%) se eleva hasta el 27,3% si se utiliza el indicador AROPE (siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión) que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea.

La encuesta arroja otros datos preocupantes como que el 16,9% de los hogares llega a fin de mes con "mucha dificultad", al tiempo que el 41% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

Según explica el INE: "La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad, no mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población".

Recientemente, el Cardenal Arzobispo de Valencia, Monseñor Antonio Cañizares, en una carta pastoral dirigida a la archidiócesis de Valencia, recuerda que se abre “un gran panorama para ejercitar la señal que identifica a los cristianos: la caridad” y agrega: “Habremos de poner todo nuestro empeño en la imaginación y la creatividad de la caridad”.

Cañizares, llama a “ser samaritanos en medio de las nuevas pobrezas”, ante la “grave y dolorosa situación social y económica por la que atraviesa Valencia”, y señala que los cristianos y las instituciones de Iglesia están “en la vanguardia de mostrar verdaderos signos de caridad y justicia”.

Monseñor quiere, según ha dicho, dedicarles el 10% de los presupuestos de la Diócesis de Valencia a los pobre, e, incluso, compartir viviendas para ayudar a madres solteras, embarazadas y víctimas de malos tratos.

Antonio Cañizares, ha propuesto, incluso, vender algunos bienes patrimoniales de la Iglesia, entre otras medidas, para atender a los pobres.

Sus palabras han llamado la atención, por ser inusuales en los miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica española.

De echo, hoy el Sr. Arzobispo no ha mencionado ni una palabra de su propuesta en la homilía de la misa que ha celebrado en la Catedral, llena de feligreses expectantes para  escuchar nuevas propuestas de su pastor.

¡Bienvenido sea su propósito si llegara a materializarse!

Pero yo quiero poner énfasis en otro aspecto de la cuestión.  

La iglesia siempre ha predicado la lucha contra la pobreza a través de la caridad de sus miembros. Así ha sido históricamente y sigue siéndolo hoy. Lo mismo da si hablamos en el contexto de un estado laico o de un estado confesional.

Sin embargo, yo pongo por delante el cumplimiento de una justicia social antes que el ejercicio de la caridad. Es decir, requiero, exijo al estado el cumplimiento de una de sus principales obligaciones: cuidar del bienestar de sus ciudadanos en cualquier circunstancia. Dedicar, de forma prioritaria a ese fin, todos los esfuerzos y recursos necesarios, en lugar de dirigirlos hacia otros objetivos cuya prioridad no reconozco.

¿Por qué la Iglesia, que se dice incardinada en la sociedad, no clama ante los gobiernos de cada estado en pos de una justicia social, en contra de la desigualdad social que arroja fuera de la sociedad a millones de personas, a los que yo llamo "los desahuciados sociales"?

¿Por qué en España, país aconfesional o de laicidad "positiva", conforme a la tesis del Tribunal Constitucional, en un momento en el que gobierna un partido claramente confesional, no se expresa en contra de las medidas del gobierno que han arrojado a millones de personas a la pobreza; que ha provocado el suicidio de muchas personas por motivos económicos; hace dos días, sin ir más lejos, una mujer de 43 años en Zaragoza, que iba a ser desahuciada de su vivienda?

¿Por qué no levanta su voz en contra de este sistema, basado en una austeridad que pone por delante la economía de unos pocos, y que termina convirtiéndose en una limpieza étnica?

¿A caso está en peligro la millonaria aportación económica del estado a sus arcas, a sus colegios doctrinarios?

Hace pocas horas el Papa Francisco ha dicho: «Entregar dinero a la Iglesia y defraudar al estado, es una hipocresía»

Yo añado: «También es hipocresía predicar la caridad y no exigir al estado que cumpla con la justicia social ante sus ciudadanos»


Majadahonda, 8 de febrero de 2015

La codicia de la Iglesia y la colaboración del Estado

La voracidad de la Iglesia por los bienes públicos

La Iglesia Católica predica la pobreza entre sus miembros; y dice luchar contra la pobreza entre sus seguidores.

Yo no veo pobreza en la Iglesia, no la he visto nunca; y mirando su historia solo encuentro un afán de poder y riqueza; salvo muy contados casos, en proporción, de verdadera entrega personal por los que sufren.

Pero, claro, como soy ateo se me puede decir que no soy imparcial.
Yo creo que es al contrario, como ateo que no va contra ninguna creencia religiosa, y mucho menos contra quienes las practican -es una opción personal-, esa condición me permite observar con objetividad algunos hechos que, en este caso, atañen a la Iglesia Católica española.

Hoy quiero hablar de un suceso que viene atrayendo la atención de muchas personas y organizaciones desde 1998; también de los medios de comunicación, que periódicamente sacan a la luz pública el tema en cuestión. Me refiero a los miles de casos en los que la Iglesia Católica española ha procedido a la 'inmatriculación' de bienes inmuebles que por ese procedimiento han pasado de ser un bien de dominio público a ser un bien de su propiedad. Un hecho que, en opinión mía, ha sido posible gracias a la connivencia de PP y PSOE. O al menos, de la 'pasividad' del PSOE, al que por ello considero tan responsable como al PP de las consecuencias ocasionadas.

Los sucesos que quiero abordar tienen raíces históricas, jurídicas y políticas, por lo que, necesariamente tendremos que entrar en ésos territorios para poder encontrar una luz que nos ayude a comprender y enjuiciar los hechos. Esto puede suponer que la lectura de este escrito  resulte algo complicada, pero pondré todo mi empeño en tratar que la comprensión del texto sea lo más sencilla posible.

Comencemos por saber qué diferencia hay, desde el punto de vista jurídico entre 'propiedad' y 'dominio', así como el significado del concepto jurídico de 'inmatriculación', términos que saldrán con frecuencia en este artículo. Trataré de hacerlo de forma sencilla.
 
La diferencia entre 'propiedad' y 'dominio', consiste en que la palabra propiedad se debe ver desde el punto de vista objetivo como la relación de pertenencia del hombre (en general de la persona jurídica) sobre la cosa, mientras que la palabra dominio se debe ver desde el punto de vista subjetivo como la facultad de uso del hombre (persona jurídica) sobre la cosa. Consecuencia: el que tiene la propiedad puede venderla, el que tiene el dominio no.

Para aclarar el concepto que corresponde el término 'inmatriculación', tenemos que hacer referencia al Registro de la propiedad, un órgano administrativo en el que se recoge la relación de bienes inmuebles, su localización geográfica, descripción y límites. Acudiendo al Registro, todos podemos conocer la localización de cada bien inmueble, sus características, su propietario y las cargas hipotecarias o de otra índole que pueda tener.

Los Registros de la Propiedad fueron creados en España a mitad del siglo XIX, y están inspirados en el modelo germano.
La implantación de los Registros como nuevos mecanismos de seguridad se acompañó de la creación del Registrador de la propiedad. Los fuertes efectos de los asientos exigen un intenso control de entrada, tanto formal como material, que recibe el nombre de calificación y que constituye la función del registrador.

El Registro de la Propiedad se rige por la Ley Hipotecaria en vigor, que data de 1946, y por su correspondiente reglamento, de 1947. Desde entonces se han producido algunas modificaciones, siendo la más importante a efectos del contenido de este artículo, la que tuvo lugar, mediante un Real Decreto, en 1998.

A partir de este punto, tomo las palabras de Sara Martínez de Luis, en su artículo "La inmatriculación de una finca en el Registro de la Propiedad", publicado el 22 de septiembre de 2012 en la web "info@tuabogadodefensor.com" donde precisa con claridad el significado del término 'inmatriculación'; así como otras cuestiones que son oportunas para el objetivo de este artículo.

«Una vez definido lo qué es el Registro de la Propiedad y para qué sirve hablaremos de la primera inscripción de cada finca en el mismo es decir, la de dominio. El ingreso del inmueble al Registro puede obtenerse a través de la presentación por el interesado de cualquier título (acto, contrato o resolución judicial) por el que haya adquirido esta propiedad, si bien va a ser necesario un procedimiento para poder llevar a cabo la inmatriculación de la finca.
»Las fincas pueden proceder de otras ya inscritas, por segregación o agrupación, o bien inscribirse por primera vez a través del expediente de inmatriculación. La inmatriculación es el acceso o ingreso de una finca al Registro de la Propiedad. La finca inmatriculada cuenta con un registro particular, el folio registral, en el que se va haciendo constar toda su historia jurídica, puesto que los derechos inscribibles que no hayan tenido acceso a este registro no serán oponibles frente a terceros. Cada finca tiene asignado un número diferente y correlativo en el Registro de la Propiedad, debiendo describirse en el folio correspondiente su naturaleza, situación y linderos, medida superficial y el nombre y número que constaren en el título que se inscribe. La referencia catastral también deberá ser aportada en el momento de la inmatriculación, así como cuando se solicite la práctica de cualquier asiento.

»La inmatriculación puede llevarse a cabo mediante tres procedimientos diferentes:

1.- Mediante expediente de dominio.
2.- Mediante el título público de su adquisición, complementado por acta de notoriedad cuando no se acredite de modo fehaciente el título adquisitivo del transmitente o enajenante.
3.- Mediante el certificado a que se refiere el artículo 206 [Ley Hipotecaria de 1946] sólo en los casos que en el mismo se indican».

Respecto a este último procedimiento, se añade:

«Por último, y como procedimiento únicamente previsto para ciertos entes públicos cuando carezcan del título escrito de dominio, se podrán inscribir los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos. Dichos entes públicos son el Estado, la provincia, el municipio, las Corporaciones de derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél y la Iglesia Católica».

En resumen la inmatriculación es la primera inscripción en el Registro de la Propiedad de un bien inmueble, siendo un funcionario público el encargado de proceder a su inscripción cuando se cumplen los requisitos que establece la Ley Hipotecaria y el correspondiente reglamento.

La ley Hipotecaria de 1946 [artículo 206] otorga a la Iglesia Católica española la categoría de "Corporación de Derecho Público -es decir un ente público como lo es un municipio- y a los obispos la capacidad de registrar para la Iglesia cualquier propiedad sin dueño oficial. Basta para ello "la palabra" [el entrecomillado es mío] del diocesano.
Esto es, equipara al diocesano a un funcionario público. Un hecho atípico solo concebible en el contexto de una dictadura confesional.

Por el Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario, queda establecido:

«[Los] Bienes y derechos inscribibles y títulos sujetos a inscripción
Artículo 4.°
Serán inscribibles los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos, sin distinción de la persona individual o colectiva a que pertenezcan, y, por tanto, los de las Administraciones públicas y los de las entidades civiles o eclesiásticas.

Artículo 5.°
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, quedan exceptuados de la inscripción:
Primero. Los bienes de dominio público a que se refiere el artículo trescientos treinta y nueve del Código civil, ya sea de uso general, ya pertenezcan privativamente al Estado, mientras estén destinados a algún servicio público, al fomento de la riqueza nacional o a las necesidades de la defensa del territorio.
Segundo. Los bienes de uso público de las provincias y de los pueblos incluidos en el párrafo primero del artículo trescientos cuarenta y cuatro del Código civil.
Tercero. Las servidumbres impuestas por la Ley que tengan por objeto la utilidad pública o comunica; y
Cuarto. Los templos destinados al culto católico».

Y en el artículo 304 de dicho reglamento se afirma:
«Artículo 304.
»En el caso de que el funcionario a cuyo cargo estuviere la administración o custodia de los bienes no ejerza autoridad pública ni tenga facultad para certificar, se expedirá la certificación a que se refiere el artículo anterior por el inmediato superior jerárquico que pueda hacerlo, tomando para ello los datos y noticias oficiales que sean indispensables. Tratándose de bienes de la Iglesia, las certificaciones serán expedidas por los Diocesanos respectivos».

Es decir, el reglamento -aún en vigor- por una parte impedía a la Iglesia Católica la inmatriculación de los templos de culto (no así otros bienes), y por otra refrendaba la potestad registral y el carácter notarial de los Diocesanos.

La norma regulada por el artículo 5.4 del Reglamento Hipotecario, rigió hasta la publicación del Real Decreto 1867/1998 del 29/09/1998 que entró en vigor el 29/10/1998.
La forma jurídica adoptada de Real Decreto carecía del carácter de urgencia que requiere ése instrumento legislativo, pero encerraba un propósito: evitó llevarlo a debate al Congreso de los Diputados, donde el gobierno del PP no contaba con una mayoría absoluta, soslayando así la más que probable oposición de otras fuerzas políticas. Recordemos que en 1996 el PP obtuvo 156 diputados frente a los 141 que obtuvo el PSOE y los 21 de IU.

El Real Decreto 1867/1998 modificó, entre otros, el artículo 5 del Reglamento Hipotecario de 1947,  dejándolo en la siguiente forma:
«Artículo 5.
Los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción, conforme a su legislación especial».

Con esta decisión, el gobierno de Aznar, en la primera legislatura en la que el PP tuvo acceso al poder, eliminó la restricción impuesta por el gobierno de Franco a la inmatriculación de los templos de culto. Ermitas, iglesias y catedrales, pero también cementerios y otras fincas, que en número desconocido se han inmatriculado desde entonces. Gracias a esta modificación, la Iglesia ha llegado a registrar la propiedad de catedrales por menos de 30 euros, el coste de la inscripción.

El número exacto de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica española en los últimos 12 años no se conoce, ya que cuando diversas asociaciones y partidos políticos han solicitado al Ministerio de Justicia -del que depende el Registro de la Propiedad- dicha información, este ha respondido invariablemente que no podía proporcionarla basándose en la Ley de Protección de Datos. No obstante, se calcula en una cantidad que ronda las 4.500, entre las que se incluyen todo tipo de edificaciones y fincas.

El procedimiento es muy sencillo:
Basta que un obispo cualquiera, con los atributos de “fedatario” o notario que la mencionada ley le reconoce, acuda al registro de propiedad -con mucho sigilo, eso sí- y declare: “Esta catedral y esas iglesias, este palacio y aquellas casas curales con sus fincas, y aquel cementerio e incluso el frontón… declaro que todo eso es propiedad de la Iglesia”. Y no hay más que decir. Y el registrador lo registrará. Y si algún colectivo de la ciudad o del pueblo, enterado del fraude eclesiástico, fuera a reclamar la propiedad inmatriculada, le dirán: “Lo inscrito inscrito está”, como dijo Pilato. Y no les quedará más que recurrir a los tribunales, pero no lo tendrán fácil, pues la ley es la ley, aunque venga de Franco.

¿Cómo y por qué hemos llegado a ésta situación? ¿Por qué la Iglesia Católica española no actuó en tiempos de la dictadura de Franco y lo hace desde 1998?

El cómo ya lo hemos explicado en lo esencial, pero vamos a hacer una recopilación:

¿Por qué la Iglesia no necesita notarios?
“Se les supone la rigurosidad a ellos”, explica el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Desde que se aprobó la Ley Hipotecaria en 1946, a los arzobispados les basta con alegar que una propiedad les pertenece “desde un tiempo inmemorial” para inmatricular fincas, edificios u otros espacios. Ni la administración pública ni los notarios tienen por qué verificarlo.

¿Quién equiparó su poder al de la Administración pública?
Para registrar terrenos y propiedades, Francisco Franco. En el caso de los templos, José María Aznar. La Ley Hipotecaria de 1946 permitió a la Iglesia católica (no a todas las confesiones religiosas) registrar propiedades que carecían de dueño. En 1947, el artículo 5 del Reglamento Hipotecario puso coto a la Ley Hipotecaria y excluyó “los templos destinados al culto religioso” de esta posibilidad. En 1998, el PP retiró esta excepción.

¿Cuánto le cuesta incorporar una propiedad a su patrimonio?
El precio que paga la Iglesia es de entre 20 y 30 euros. La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro denuncia que por “el precio de una campana, sin conocimiento de los pueblos, al amparo de una ley antidemocrática, la diócesis se ha apropiado de más de mil bienes del patrimonio navarro”».

El Gobierno de José María Aznar se encargó de abrir la puerta a que la jerarquía eclesial pudiera registrar a su nombre -con gran secretismo- numerosas parroquias, ermitas e incluso cementerios o casas parroquiales que, hasta ese momento, no tenían una titularidad reconocida, si bien siempre habían sido sustentadas por los ayuntamientos o por los ciudadanos y feligreses.

Pero la Iglesia fue más allá, y no ha dudado en hacerse propietaria de edificios emblemáticos, algunos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

El antecedente navarro
De un día para otro, pequeños municipios navarros fueron descubriendo que lo que creían suyo, del pueblo, porque ellos lo habían construido y mantenido, tenía otro dueño: el obispo. Descubrían con estupor que la vía que abrió Aznar en 1998, para que pudieran poner a su nombre los templos estaba dando sus frutos sin que nadie se enterara, y se organizaron para parar y revertir este fenómeno, con intervenciones políticas que han conseguido, al menos, saber cuántos templos, viviendas, viñedos, frontones y demás, estaban a nombre de la Iglesia desde ese año: 1087.

Son datos en manos del ministro de Justicia, pero un gobierno tras otro, socialistas y conservadores, no han facilitado esa cifra, tantas veces solicitada y que aún desconocen los ciudadanos. Navarra lo supo porque la petición partió de su parlamento.

Todos estos movimiento de Navarra no lograron traer el conflicto a un primer plano, o no tanto, como el salto que ha dado la polémica cuando ha entrado en juego la Mezquita de Córdoba, que se ha convertido en símbolo absoluto de las inmatriculaciones de la Iglesia por toda España. Con la mezquita, han pasado a nombre de la Iglesia la plaza del Pocito y la fuente de San Rafael, dos símbolos de la ciudad que siempre se consideraron públicos.
«No hay corresponsal de prensa extranjera que no se haya llevado las manos a la cabeza», dice Antonio Manuel Rodríguez, civilista y miembro de la plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, patrimonio de todos. Porque ahora la mezquita se llama mezquita-catedral -[Nota: en el momento en el que escribo este artículo la denominación es Catedral de Córdoba]-.
A Rodríguez le han entrevistado en Le Monde, en Liberation y en el New York Times. «No lo entienden, porque en Francia esos monumentos los cuida el Estado y lo que recaudan lo recauda el Estado, dice. Y la mezquita consigue 13 millones al año. «En dinero negro, porque ni se declara ni tributa».


Inmatriculaciones polémicas

Entre los templos destinados al culto, inmatriculados por la Iglesia Católica española desde 1998, destacan, por su relevancia histórica y monumental, la Mezquita-Catedral de Córdoba, la Catedral de Sevilla y la Catedral de Pamplona.

El Arzobispado de Sevilla que ha eludido contestar a las preguntas realizadas por diversos medios de comunicación sobre sus actuaciones, ni tan siquiera la de si la Catedral de Sevilla y su Giralda han sido registradas. A pesar de que la “santa, metropolitana y patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla”, como se la nombre en el documento, está inscrita en el Registro de la Propiedad desde el 30 de abril de 2010.
Como propietario de sus 22.914 metros cuadrados, que incluyen “la parroquia del Sagrario de la Catedral y dependencias anexas”, figura el Cabildo de la Catedral y da fe de ello un solo documento: una certificación expedida el primero de abril de ese año por la Archidiócesis de Sevilla.

En el caso de la Mezquita cordobesa, el argumento es más elaborado. El expediente del Registro de la Propiedad justifica así el derecho de propiedad de la Mezquita-Catedral:
“Reconquistada la ciudad por Fernando III El Santo, el monarca dispuso que en la festividad de los santos apóstoles Pedro y Pablo del año 1236 fuera dedicada a Santa María Madre de Dios y consagrada aquel mismo día (…). La ceremonia de trazar con el báculo sobre una faja de ceniza extendida en el pavimento en forma de cruz diagonal las letras de los alfabetos griego y latino fue la expresión litúrgica y canónica de la toma de posesión por parte de la Iglesia”.
La Mezquita de Córdoba fue inmatriculada en 2006. Con la inscripción se ha generado la apariencia de propiedad privada, que se consolidará en 2016, una vez transcurrido el plazo de 10 años para la presentación de reclamaciones a la inmatriculación. Lo mismo ocurrió ése año con la Catedral de Pamplona.

No han sido solo las catedrales y grandes iglesias las que han sido objetivo de la codicia de la Iglesia. Así, parroquias como la de San Bartolomé de Xàbia (Alicante), que fue fortificada por el pueblo en el siglo XIV y que desde entonces ha sido cuidada y mantenida por los vecinos de la localidad, ha pasado a manos de la Iglesia por este procedimiento, provocando la indignación vecinal. Otro caso similar: el local que el municipio navarro de Azcona, de sólo unos 80 habitantes, utiliza desde hace años como consultorio médico ha sido ahora reclamado por la Iglesia, que lo inscribió a su nombre en los años 50, aunque su mantenimiento hasta ahora ha corrido a cargo del concejo municipal.

Una pregunta que muchos nos hemos hecho: ¿Es constitucional la Ley hipotecaria de 1946?

A este respecto he encontrado diversidad de opiniones. Como no puedo exponerlas todas, traigo aquí dos de ellas.
En primer lugar la de Alejandro Torres Gutiérrez, Profesor Titular de Universidad de Derecho Eclesiástico del Estado, del  Departamento de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra, opinión con la que coincido plenamente.
Comienzo con una reflexión básica del autor, refiriéndose al artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946, en el contexto actual.

«Esta equiparación de la Iglesia Católica a una Corporación de Derecho Público, propia de un Estado confesional, no era admisible constitucionalmente en un Estado laico o aconfesional, como el definido en el artículo 16.3 de la Constitución española, en virtud del cual, ninguna confesión tendrá carácter estatal».

Quiero añadir a propósito de la reflexión anterior, que la doctrina del Tribunal Constitucional interpreta en diversas ocasiones el artículo 16.3 como la consagración de la laicidad "positiva" del estado.
[Nota: He comenzado a escribir un artículo en el que trato de la ”Aconfesionalidad y laicidad del estado español" a la luz de la interpretación del Tribunal Constitucional, que espero publicar en breve]

Tras su exposición, cuya lectura recomiendo, las conclusiones del autor son:
«De lo anteriormente expuesto cabe extraer las siguientes conclusiones:

1) El principio de laicidad [también el de aconfesionalidad] impide dotar a las Confesiones religiosas del estatuto de Corporaciones de Derecho Público, no cabiendo asimilar los fines religiosos con los públicos, ni a los miembros de una Confesión religiosa, por muy cualificada que sea su posición dentro de la misma, con los funcionarios públicos.
2) Que el principio de igualdad, y la introducción de una cláusula de confesión más favorecida no aportan la solución al tema, pues aunque pudiera servir para remediar el problema desde la perspectiva del principio de igualdad si se extendiese también a todos los colectivos sociales, quedaría permanente una lesión al principio de laicidad de imposible solución.
3) Que la doctrina establecida por la Sentencia del Tribunal Constitucional 340/1993, de 16 de noviembre, respecto al artículo 76.1 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de diciembre de 1964 es plenamente trasladable a los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento, constituyendo a nuestro juicio base suficiente como para plantear cuando menos una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
En la medida que persista el mantenimiento de estos preceptos, se estará contraviniendo manifiestamente la doctrina del Tribunal Constitucional tendente a vedar cualquier confusión entre funciones religiosas y funciones estatales, recogida en el Fundamento Jurídico 4º, letra d) de la Sentencia 340/1993, y el Fundamento Jurídico 1º de la Sentencia 24/1982».

La segunda opinión que aporto, es el punto de vista, igualmente de Lourdes Ruano Espina, Catedrática de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, en la Universidad de Salamanca.
Lourdes Ruano, expone, en un trabajo titulado: "Titularidad e inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes inmuebles (culturales) de la Iglesia" la idea de que
«El origen de esta desigualdad jurídica, contra la que clama un sector de la sociedad que no entiende que se mantengan privilegios a una religión determinada en un Estado que se dice aconfesional, es consecuencia de los siglos en los que no había separación entre Iglesia y Estado. “Al crearse el Registro de la Propiedad por la ley Hipotecaria de 1861, se entendió que los bienes del Estado, las Administraciones y la Iglesia católica no necesitaban de inscripción porque todos conocían quién era su titular y no estaban en el mercado. A raíz de las leyes desamortizadoras del siglo XIX, se hizo necesario que tanto los administradores de los bienes del Estado, como los diocesanos, elaboraran una relación de bienes exceptuados de la desamortización (que incluía a los templos dedicados al culto) [Los lugares de culto no fueron objeto de la desamortización]. La Iglesia podía disponer de esos bienes e inscribirlos, pero debía acreditar, mediante una certificación, la situación en que se encontraban tales bienes, poseídos legítima, pacífica e ininterrumpidamente en concepto de dueño desde tiempo inmemorial pero carentes de título escrito de propiedad”
»“La Ley Hipotecaria de 1946 transformó dichas certificaciones de posesión en certificaciones de dominio y las incluyó para la inmatriculación, tanto para el Estado y las Administraciones como para la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia no ha podido inmatricular los templos destinados al culto hasta 1998, año en que se modificó la legislación hipotecaria”, añade la catedrática y autora, entre otros, de la obra "La inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes de las confesiones religiosas" (Aranzadi, 2005)».

Aunque Lourdes Ruano reconoce se trata de “un sistema anacrónico”, defiende que estos preceptos no tienen “nada que ver con la relación Iglesia-Estado, sino con la relación título-registro [en este punto discrepo con la autor] y se enmarcan en una política legislativa que lo que pretende es favorecer el ingreso de los bienes en el Registro”.

Estos son solo dos de los muchos estudios realizados por diversos autores sobre la cuestión de constitucionalidad.

Personalmente, soy incapaz de poder emitir una opinión sobre el fondo jurídico de la cuestión. Pero sé que de haber existido una separación real entre la Iglesia y el Estado, es decir, que constitucionalmente España se hubiera definido como un estado laico en 1978, y no como un estado aconfesional, éste expolio no hubiera tenido lugar. Un estado laico como el definido en la Constitución de la III República Francesa, hubiera permitido la promulgación de una ley similar a la Ley de Separación de las Iglesias y del Estado de 1905, aún vigente en el estado francés por estar recogida su laicidad en la Constitución de la V República.
Tampoco hubiera sido posible si se hubiese derogado por inconstitucional la Ley Hipotecaria de 1946. Algo que contempla la Disposición Derogatoria Tercera de la Constitución y que apenas ha sido utilizada.

O si no se hubieran firmado los Acuerdos entre el Estado y el Vaticano.

Los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 son cuatro acuerdos firmados por el gobierno de España y el Vaticano el 3 de enero de 1979 mediante los que se reformó el Concordato de 1953 -firmado por el gobierno franquista bajo los principios del nacionalcatolicismo-, para adecuarlo a la proclamación de la aconfesionalidad del Estado por la Constitución española de 1978.
La prontitud con que fueron firmados -solo un mes después del referéndum constitucional- es porque estos acuerdos fueron negociados y acordados por el gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez, surgido en las elecciones del 15 de junio de 1977, antes, por tanto, de haber sido aprobada la Constitución.
Esto ha hecho dudar de su constitucionalidad, pero como recuerda el periodista Juan G. Bedoya, "nadie ha presentado en 35 años recurso contra el fondo de los Acuerdos ante el Tribunal Constitucional".

En cuanto a su contenido se ha sostenido, no sólo por sectores laicos sino también por algunos grupos católicos, que "mantienen incontables privilegios del franquismo en asuntos jurídicos, económicos y en la enseñanza". Así el colectivo Cristianos de Base y la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII han pedido al gobierno de Mariano Rajoy la denuncia de los mismos porque «consagran para la Iglesia católica numerosos privilegios y lastran el genuino sentido del cristianismo». Estas críticas de sectores católicos progresistas comenzaron en el mismo momento en que se conocieron los contenidos de los acuerdos. Unas 250 personas, entre ellas teólogos y sacerdotes, se manifestaron ante la nunciatura de Madrid en enero de 1979 para protestar por la sola existencia de tales acuerdos. Uno de los manifestantes, el teólogo Juan José Tamayo recuerda: «Eran unos acuerdos que venían negociándose desde mucho antes de la Constitución y seguían siendo un Concordato encubierto que, amparándose en la confesionalidad encubierta del artículo 16.3. llena de privilegios a la Iglesia católica».

También han criticado los Acuerdos las otras confesiones religiosas presentes en España. La Alianza Evangélica respecto a que se enseñe la religión en las escuelas públicas ha manifestado: «La enseñanza religiosa es un derecho y deber de los padres, que pueden compartir con la institución confesional que consideren más adecuada: parroquia, mezquita, sinagoga, iglesia u otro lugar idóneo. Es básico el principio de la aconfesionalidad del Estado. De acuerdo con este principio de separación entre el Estado y las diferentes confesiones, la escuela pública no debe impartir ningún tipo de enseñanza confesional».

Los sectores laicos también los han criticado. El presidente de Europa Laica ha manifestado: «No hay nada en esos artículos [16.3 y 27.3 de la Constitución] que obligue a los Gobiernos ni siquiera a la existencia de los Acuerdos, mucho menos a pagar los salarios de obispos y sacerdotes, o de miles de profesores de Religión y moral católica en las escuelas públicas»

Aconfesionalidad o laicidad, éste es quid de la cuestión. El pivote sobre el que giran cuestiones de gran importancia en la vida de los españoles, cuestiones que afectan a derechos públicos y de la esfera privada.

La Iglesia Católica, no pudo llevar a cabo la inmatriculación de los templos de culto, durante el periodo de la dictadura franquista, porque una ley franquista se lo impedía. Parece una contradicción en un país rotundamente confesional.
¿Por qué se introdujo esa reserva? Quizá porque se daba por hecho que ya eran propiedad de la Iglesia desde hacía mucho tiempo, y lo que se pretendía era evitar que cualquiera hiciera la inmatriculación de los templos. Pero si fuera así, ¿por qué evitar que la Iglesia protegiera 'sus bienes' de las ventajas de figurar en el Registro de la Propiedad?
Es tentador pensar que el dictador, hombre cruel y devoto al mismo tiempo, pero también profundamente desconfiado, lo que quiso fue proteger de la Iglesia algo que él consideraba patrimonio de todos los españoles, de España; 'su España', naturalmente.

La verdadera razón para la excepción a la inscripción de los templos se fundaba en que esos inmuebles estaban afectos a una suerte de servicio público, el culto, gestionado por la Iglesia.
Sin embargo, como señalan los firmantes del artículo titulado "La Iglesia privatiza las iglesias" recogido en la publicación Dominio Público el 18/07/2014, a la cabeza de los cuales se encuentra Fernando Martínez Pérez, Profesor Titular de Historia del Derecho en la  UAM
«La gestión de ese servicio no determina la titularidad sobre los inmuebles. La Iglesia, en modo alguno, puede considerar que, sólo por el hecho de que un inmueble se haya destinado al culto, su posesión lo sea como “dueña”. En los reglamentos hipotecarios de 1915 y 1947 también se establecía que si estos bienes de dominio público, destinados a un uso o utilidad pública, o templos destinados al culto “cambiara de destino adquiriendo el carácter de propiedad privada” se llevaría a cabo la inscripción con arreglo a esas disposiciones reglamentarias».
¿Entonces, por qué la Iglesia Católica española se lanza compulsivamente a la inmatriculación de bienes públicos, entre ellos los templos de culto?
Diversas fuentes eclesiásticas afirman que por seguridad jurídica. ¿Seguridad jurídica sobre lo que no le pertenece, sobre lo que es de dominio público de todos los españoles?
Yo lo traduzco en lenguaje llano en un simple «Si no lo hago ahora, pueden cambiar las circunstancias y quedarme sin lo que digo que es mío»

Fuera por lo que fuese, el hecho es que fue el PP, el partido conservador-confesional-reaccionario de la derecha española, el que, en cuanto tuvo la oportunidad, derogó aquella limitación legal, como si de una deuda impagada se tratara. Inmediatamente la Iglesia se puso en marcha para llevar a cabo un proyecto perfectamente trazado, en su estrategia y táctica.  

Casualmente, en 1994 había sido nombrado arzobispo de Madrid Antonio María Rouco Varela, y en 1998 el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal en el consistorio del 21 de febrero de 1998. Fue Presidente de la Conferencia Episcopal Española de 1999 a 2005, y posteriormente de 2008 a 2013.

No puedo afirmar que Rouco jugara papel alguno en lo que, para mí, es una estrategia perfectamente diseñada y acordada con el estado español, pero tampoco puedo decir que no lo tuviera.

En esta estrategia PP y PSOE se han repartido los papeles. Por qué si no, durante la etapa del gobierno de Zapatero, no se puso coto al expolio de un patrimonio que pertenece a los españoles. La inmatriculación de la Mezquita de Córdoba y la Catedral de Pamplona tuvieron lugar en 2006, un momento dulce del gobierno de Zapatero; el PSOE gobernaba en Andalucía, no es posible que no fuera informado.

El PSOE no podía abrir la puerta a la Iglesia para que comenzara las inmatriculaciones. Tenían que esperar la llegada del PP al poder. Aznar lo hizo y Zapatero lo mantuvo; y ahora Rajoy pretende cerrarlo con una reforma que otorga un plazo de un año para cerrar lo que quede por hacer.

No soy en absoluto un "conspiranoico", pero creo que mi interpretación de los hechos es plausible. Cuando la política y el interés económico se mezclan no creo en las casualidades, creo en planificaciones, estrategia y táctica. Y en este caso todo eso lo veo con claridad.

Es mi opinión, ahora os toca a vosotros, a los que hayáis llegado hasta este punto del relato, extraer vuestras propias conclusiones.


Majadahonda, 19 de enero de 2015